El Tribunal Administrativo de Cundinamarca también solicitó a la Contraloría de Bogotá anular la condena de responsabilidad fiscal no solo al actual mandatario Gustavo Petro, sino a María Mercedes Maldonado, Alberto Merlano y Gerardo Ardila, quienes fueron funcionarios de su alcaldía.
Por el escándalo de las basuras durante su gestión como alcalde, el presidente Gustavo Petro fue condenado en 2018 a pagar una multa de $22.170 millones. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha ordenado a la Contraloría de Bogotá anular dicho fallo de responsabilidad fiscal.
Esto se traduce en una victoria para el jefe de Estado, al ser un pleito jurídico que duró varios años y lo libra de pagar una gran suma de dinero. La decisión la tomaron los magistrados Óscar Armando Dimaté, César Giovanni Chaparro y Moisés Rodrigo Mazabel.
“Declarase la nulidad parcial de los actos administrativos contenidos en el fallo con responsabilidad fiscal 03 de 20 de octubre de 2017, el auto de 12 de octubre de 2018 y, la resolución 298 de 16 de noviembre de 2018, proferidos dentro del proceso de responsabilidad fiscal 170000-0001/16, en lo que respecta a los demandantes”, dice el fallo.
Por otra parte, el tribunal también solicitó a la Contraloría de Bogotá anular la condena de responsabilidad fiscal no solo al actual mandatario Gustavo Petro, sino a María Mercedes Maldonado, Alberto Merlano y Gerardo Ardila. Además, deben eliminar sus nombres del boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República y del registro de inhabilidades de la Procuraduría General de la Nación, en lo referente al proceso de responsabilidad fiscal número 170000-0001/16.
Los exfuncionarios de la alcaldía de Petro tenían que pagar una suma de total de 75.483 millones de pesos. En su momento, el presidente, Gustavo Petro, aseguró que esa cifra “era impagable”.
El caso fue llevado a la Contraloría, que en 2016 inició un proceso de responsabilidad fiscal por $91.949 millones contra los involucrados, argumentando que el diseño del sistema de aseo de Bogotá violaba la libre competencia económica.
Cabe mencionar que en 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa de más de $80.000 millones al Acueducto de Bogotá y a la Uaesp. Este monto fue pagado por la administración de Enrique Peñalosa, lo cual, según la defensa de Petro, abrió el camino para que la Contraloría declarara un detrimento patrimonial.
