El Tribunal Superior de Barranquilla condenó a la empresa de seguridad V.P. Global Ltda. a indemnizar con más de 500 millones de pesos a las víctimas de un millonario hurto perpetrado por uno de los vigilantes que prestaba sus servicios en una copropiedad de la ciudad.
La decisión judicial, considerada un precedente en materia de responsabilidad de las empresas de vigilancia privada, establece que la compañía deberá responder solidariamente por los perjuicios ocasionados por su trabajador, quien, según las investigaciones, participó en el robo de una vivienda que tenía la obligación de proteger.
Los hechos ocurrieron en noviembre de 2017. De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, el guarda de seguridad hacía parte de la organización delincuencial conocida como “Los Rapiña”, una banda dedicada al hurto de residencias y apartamentos que también estaba integrada por particulares e, incluso, por miembros activos de la Policía Nacional.
Las autoridades atribuyen a esta estructura criminal al menos doce robos cometidos en Barranquilla, Bogotá, Soledad y Sabanagrande, dentro de una investigación de mayor alcance sobre una de las redes de apartamenteros que operaba en la región Caribe.
Durante el proceso judicial, las víctimas fueron representadas por la firma Pava & Díaz Arana Abogados, que logró que el alto tribunal declarara la responsabilidad civil de la empresa de vigilancia por los daños ocasionados.
Sentencia anonimizada by NoticiasBQ
La sentencia de segunda instancia ordena a V.P. Global Ltda. indemnizar económicamente a las víctimas en un plazo máximo de seis meses, al considerar que las empresas de seguridad tienen el deber de ejercer controles adecuados en la selección, supervisión y actuación del personal que contratan.
Andrés Díaz Arana, abogado de las víctimas, destacó que el fallo envía un mensaje claro sobre la responsabilidad que asumen las compañías del sector.
> “La justicia ha dejado claro que quien es contratado para proteger no puede convertirse en una amenaza para los ciudadanos sin que existan consecuencias. Las empresas de vigilancia tienen obligaciones de control y supervisión que no pueden ser ignoradas cuando ocurren hechos de esta gravedad”, señaló el jurista.
Con esta decisión concluye el primer proceso judicial relacionado con la actuación de la banda “Los Rapiña” y se refuerza el criterio de que las empresas de vigilancia pueden ser llamadas a responder cuando sus empleados, en ejercicio de sus funciones, ocasionan perjuicios a las personas cuya seguridad les fue confiada.
