La Defensoría del Pueblo rechazó los hechos y expresó su solidaridad con los integrantes de la Fuerza Pública afectados durante las acciones violentas.
Uno de los ataques ocurrió en el corregimiento de El Carmelo, jurisdicción de Cajibío, donde la subestación de Policía fue atacada, presuntamente mediante el uso de drones. Como consecuencia de la acción, tres uniformados resultaron heridos y tuvieron que ser evacuados para recibir atención médica.
En Inzá también se presentó un ataque que generó preocupación entre los habitantes. Aunque en este caso no se reportaron personas lesionadas, la situación obligó a las autoridades a intervenir hasta lograr controlar el escenario de riesgo.
Para la Defensoría, estos hechos no pueden analizarse como situaciones aisladas. La entidad recordó que desde hace varios años viene advirtiendo sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en Cajibío y los riesgos que enfrentan tanto la población civil como los integrantes de la Fuerza Pública.
Entre los antecedentes mencionados por el organismo están las alertas tempranas 007 y 036 de 2024 y el Informe de Seguimiento 008 de 2026 a la Alerta Temprana 007 de 2023.
En esos documentos, la Defensoría había advertido sobre la presencia de escenarios de violencia y el riesgo de nuevas afectaciones a las comunidades, incluyendo hostigamientos y el lanzamiento de artefactos explosivos mediante drones.
La situación evidencia la evolución de las capacidades utilizadas por los grupos armados ilegales para atacar objetivos de la Fuerza Pública y generar presión sobre territorios donde persisten condiciones de vulnerabilidad.
Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado a las autoridades para que las recomendaciones formuladas en sus alertas tempranas sean atendidas de manera urgente y efectiva.
El organismo insistió en que la prioridad debe ser proteger a la población civil, garantizar la seguridad de las comunidades y prevenir que la violencia continúe escalando en los municipios afectados.
Los recientes ataques también vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer las capacidades de prevención y respuesta de las instituciones frente a modalidades de violencia que incorporan nuevas tecnologías, como los drones empleados para lanzar explosivos.
La Defensoría reiteró que continuará haciendo seguimiento a la situación humanitaria y de seguridad en el Cauca y pidió a las autoridades adoptar las medidas necesarias para reducir los riesgos advertidos previamente.
El llamado de la entidad llega en momentos en que las comunidades de Cajibío e Inzá enfrentan nuevamente un escenario de temor e incertidumbre, mientras las autoridades buscan garantizar el control territorial y evitar nuevos ataques.
