Una resolución de traslado de la Cancillería colombiana encendió las alertas por el destino asignado a Yoynel Jesús Moya, funcionario que actualmente cumple funciones consulares en Guasdualito, Venezuela. Su próximo puesto sería en la Embajada de Colombia en Senegal, país africano que penaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
Moya es abiertamente homosexual y mantiene una relación de pareja desde hace cuatro años. El traslado ha generado preocupación por los riesgos que podría enfrentar debido a su orientación sexual y por la falta de información sobre las medidas de protección que tendría durante su permanencia en ese país.
La inquietud también tiene que ver con las condiciones del traslado. Según la información conocida, Moya no habla francés y existirían dudas sobre si reúne los requisitos para asumir las funciones en Senegal. Además, todavía no tendría claridad sobre el reconocimiento de los gastos de mudanza y otros aspectos logísticos.
La fecha prevista para su presentación en la nueva sede es el 25 de diciembre de 2026.
El caso se conoce en medio de una serie de movimientos de funcionarios diplomáticos y consulares colombianos destinados en Venezuela, algunos de los cuales serán reubicados en embajadas de África, entre ellas las de Senegal, Kenia y Etiopía. Algunos trabajadores consideran que los cambios podrían constituir represalias por haber permanecido en sus cargos tras el cambio de Gobierno. Esa interpretación no ha sido demostrada.
Consultada sobre los traslados, la Cancillería respondió que obedecen a «necesidades del servicio» y a la necesidad de cubrir vacantes en distintas sedes. Sobre la orientación sexual de Moya, sostuvo que no tiene por qué conocer esa información ni pregunta a sus funcionarios por ese aspecto.
La preocupación por el destino asignado tiene un fundamento legal concreto: Senegal modificó en marzo de 2026 el artículo 319 de su Código Penal. La norma castiga los actos sexuales entre personas del mismo sexo con penas de cinco a diez años de prisión y multas de dos a diez millones de francos CFA. También contempla sanciones por promover o apoyar públicamente esas prácticas.
Por ahora, la discusión gira en torno a las garantías que ofrecerá el Estado colombiano a un funcionario que será destinado a un país con una legislación que penaliza las relaciones homosexuales. La Cancillería no ha detallado públicamente qué medidas de protección aplicará en este caso.










