Luego de una oleada de denuncias ciudadanas y de un informe periodístico sobre la sede regional del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Barranquilla ha comenzado a mostrar señales de mejoría en sus condiciones de bioseguridad. Sin embargo, aún persisten problemas estructurales que continúan generando preocupación.
Durante meses, la morgue operó en condiciones deplorables, con una cámara de refrigeración funcionando a medias, cuerpos en estado de descomposición en los pasillos y un ambiente insalubre que afectaba tanto a los trabajadores como a la comunidad vecina. Las denuncias públicas, en su mayoría impulsadas por el sindicato Sindemedilegal y familiares de fallecidos, alertaron sobre la presencia de aproximadamente 80 cuerpos en una cámara diseñada para solo 20.
Ante la gravedad de la situación y la presión mediática, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Barranquilla y la Secretaría de Salud realizaron visitas de inspección. En cuestión de 48 horas, la institución implementó cambios visibles: limpieza de áreas comunes, reparación de aires acondicionados y organización del cuarto frío.
Una fuente que participó en las visitas aseguró que “ya no hay cuerpos en los pasillos y el ambiente ha mejorado notablemente”, aunque también señaló que el cuarto frío aún no congela a la temperatura adecuada. Esto implica que, si bien los malos olores han disminuido, los cadáveres continúan descomponiéndose más rápido de lo debido.
Frente a las acusaciones, la directora seccional de Medicina Legal, Marjorie Yaneth Cervantes Herrera, negó que se trate de una emergencia sanitaria y argumentó que los olores, aunque molestos, no representan un riesgo para la salud pública. También afirmó que cuentan con planes de contingencia, incluyendo una planta eléctrica de respaldo.
Por su parte, la Fiscalía ha acelerado los traslados de cadáveres para evitar acumulaciones, mejorando la logística de recolección y entrega de cuerpos. El gremio funerario y los trabajadores agradecen la visibilización del problema, pues consideran que fue clave para desencadenar las mejoras.
Sin embargo, las autoridades del Ministerio Público advierten que las inspecciones continuarán y que seguirán exigiendo cumplimiento de las normas de bioseguridad y dignidad en el manejo de los cuerpos. “La institucionalidad debe garantizar el respeto por los fallecidos y por las personas que trabajan o viven cerca del lugar”, expresó un funcionario.
El caso de Medicina Legal en Barranquilla es un ejemplo claro del poder de la denuncia ciudadana y del periodismo para exigir condiciones mínimas de salubridad y respeto a los derechos humanos, incluso después de la muerte. Aún queda mucho por hacer, pero al menos, por ahora, se rompió el silencio pestilente que reinaba entre camillas oxidadas y cámaras descompuestas.
