La Suprema Corte de Estados Unidos autorizó temporalmente al Gobierno de Donald Trump a continuar con la deportación de migrantes hacia países distintos a sus lugares de origen, mientras el máximo tribunal estudia de fondo la legalidad de esta política.
La decisión fue adoptada este martes y permite que la administración estadounidense retome estas expulsiones sin tener que ofrecer previamente a los migrantes una oportunidad para exponer posibles riesgos de persecución o tortura en el país al que serían enviados.
La medida representa, por ahora, una suspensión de las restricciones impuestas por tribunales inferiores, que habían cuestionado el procedimiento utilizado por el Gobierno para realizar las llamadas deportaciones a terceros países.
La Corte estudiará el caso en diciembre
Aunque la decisión permite que las deportaciones continúen de manera provisional, la Suprema Corte todavía no ha definido si esta política es legal de manera definitiva.
Los magistrados acordaron analizar los argumentos del caso en diciembre de 2026, cuando deberán examinar los cuestionamientos relacionados con las garantías procesales que deben recibir los migrantes antes de ser enviados a un tercer país.
El proceso llegó al máximo tribunal después de que un juez federal determinara que los migrantes debían contar con una oportunidad significativa para plantear sus temores antes de ser trasladados a países con los que, en algunos casos, no tienen vínculos.
Más de 25.000 deportaciones
La administración Trump ha utilizado esta política como una de sus herramientas para acelerar las expulsiones de personas que tienen órdenes finales de deportación.
De acuerdo con documentos judiciales y reportes citados en el proceso, más de 25.000 personas habrían sido deportadas a terceros países durante 2025 y 2026, incluyendo destinos como México, Uganda, Sudán del Sur y otros países.
El Gobierno estadounidense sostiene que esta herramienta resulta necesaria para ejecutar las órdenes de expulsión cuando existen dificultades para devolver a las personas directamente a sus países de origen.
Por otro lado, los demandantes cuestionan que los migrantes puedan ser trasladados a países donde podrían enfrentar riesgos sin haber tenido previamente una oportunidad adecuada para presentar sus argumentos.
Una decisión que aún no es definitiva
La orden conocida este martes no constituye el fallo final sobre la política migratoria. Por ahora, permite que las deportaciones a terceros países continúen mientras el litigio avanza.
La audiencia de fondo prevista para diciembre será determinante para establecer si el Gobierno puede mantener este mecanismo bajo las condiciones cuestionadas ante los tribunales.
La propia Suprema Corte mantiene el expediente dentro de su proceso de revisión, mientras las partes continúan presentando sus argumentos.
