Durante la cuarta mesa técnica carcelaria, se lograron revisar acciones implementadas por las entidades presentes para enfrentar estas situaciones y se adquirieron nuevos compromisos para una mejora en las condiciones de los privados de la libertad en el Distrito y el departamento del Atlántico
La Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Atlántico, lideró la cuarta mesa técnica carcelaria con la participación de diversas entidades, incluyendo la Policía Metropolitana de Barranquilla, el Departamento de Policía del Atlántico (DEATA), el Inpec, y las Secretarías de Gobierno de Barranquilla, Galapa y Puerto Colombia, entre otras. Este encuentro tuvo como objetivo dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la última mesa técnica y abordar cuatro problemas críticos que afectan a los privados de la libertad en el Atlántico: el hacinamiento en cárceles y estaciones de policía, la alimentación de los reclusos, la atención en salud y la infraestructura carcelaria.
Uno de los temas centrales fue la situación de los pabellones de la Penitenciaría El Bosque, donde solo uno de los cuatro ha sido habilitado, lo que agrava el problema del hacinamiento. La Defensoría del Pueblo ha recibido quejas sobre las condiciones de infraestructura de este pabellón y ha hecho un llamado a la Uspec para que atienda los requerimientos y solucione estas deficiencias.
Durante la reunión, se expresaron preocupaciones sobre los alarmantes índices de hacinamiento en el área. En Barranquilla, el porcentaje de hacinamiento alcanza el 327%, mientras que en su área metropolitana llega al 350%. La situación en las estaciones de policía también es crítica, con cifras preocupantes en varios municipios: Sabanalarga registra un 42%, Repelón un 172%, Baranoa un 191%, Sabanagrande un 217%, y Ponedera un 240%. Estos niveles de sobrepoblación vulneran gravemente los derechos fundamentales de los privados de la libertad y exigen respuestas inmediatas de las autoridades competentes.
Otro tema de discusión fue la alimentación de los reclusos, problemática que afecta especialmente a las estaciones de policía, donde en muchos casos son los familiares quienes deben asumir la responsabilidad de proveer alimentos, debido a la falta de intervención de las entidades gubernamentales encargadas de garantizar este derecho básico.
Durante el encuentro, se revisaron las acciones implementadas por las entidades presentes para enfrentar estas situaciones y se adquirieron nuevos compromisos orientados a mejorar las condiciones de los privados de la libertad en el departamento. Además, la Defensoría del Pueblo anunció la creación de un nuevo espacio de trabajo destinado a tratar los temas de resocialización en cárceles y estaciones de policía, el cual contará con la participación de distintas ONG, empresas privadas y otras entidades, con el objetivo de garantizar una resocialización efectiva y digna para las personas privadas de la libertad.
