El Sindicato de Profesores, Administrativos, Empleados y Catedráticos de la Universidad Autónoma del Caribe (SINPAEC) responsabilizó al Ministerio de Educación Nacional por la permanencia y prórroga de Jorge Senior Martínez como rector de la Universidad Autónoma del Caribe, pese —según el sindicato— a irregularidades estatutarias y a resultados administrativos desfavorables.
De acuerdo con el pronunciamiento, se cumplió un año desde el nombramiento inicial y se aproxima un segundo año por una prórroga que califican de irregular. El sindicato sostiene que el rector no cumple el requisito estatutario del posgrado, exigencia de obligatorio cumplimiento y no susceptible de dispensa, situación que —afirman— fue conocida desde el inicio sin corrección por parte de la autoridad competente.
SINPAEC también dejó constancia de que SINTRAUNICARIBE respaldó públicamente los nombramientos y la continuidad del rector, lo que —a juicio del sindicato— contribuyó a legitimar internamente decisiones controvertidas y a facilitar la prórroga de una rectoría cuya legalidad y conveniencia ya estaban cuestionadas.
En el documento se señala que, aunque el Ministerio cuenta con facultades excepcionales bajo la Ley 1740 de 2014, estas no pueden ejercerse de manera ilimitada. El desconocimiento de estatutos, la omisión de requisitos objetivos y la ausencia de resultados verificables, advierten, comprometen el deber de vigilancia efectiva.
El sindicato asegura que las promesas de estabilización financiera no se materializaron, que el anunciado crédito con Findeter no se concretó y que se agravaron incumplimientos en seguridad social y pagos a docentes catedráticos. Añaden que la crisis no responde a la calidad académica ni a la demanda estudiantil, sino a una gestión administrativa ineficiente y a decisiones discrecionales, incluidos salarios desproporcionados.
Finalmente, SINPAEC afirmó que los daños son reales y acumulados y que la figura de “Vigilancia Especial” no puede seguir justificando el deterioro del patrimonio laboral, académico e institucional de la Universidad Autónoma del Caribe, por lo que exigió una actuación efectiva del Ministerio.
