El conocido 4×1.000 podría comenzar a desaparecer en Colombia, si el proyecto que prepara el Gobierno de Abelardo De la Espriella logra avanzar en el Congreso. El Ejecutivo contempla un desmonte gradual del Gravamen a los Movimientos Financieros como parte de la denominada Ley de Rescate, cuya presentación está prevista para la segunda quincena de octubre.
La propuesta no contempla, por ahora, eliminar el impuesto de manera inmediata. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ha señalado que el tributo todavía representa una fuente importante de ingresos para las finanzas públicas, por lo que la intención sería establecer un proceso progresivo de reducción.
Esto significa que, al menos inicialmente, el 4×1.000 continuaría vigente y cualquier modificación tendría que ser aprobada por el Congreso.
Un impuesto que todavía recauda billones
El principal desafío de la propuesta está precisamente en los recursos que genera este gravamen.
De acuerdo con las cifras citadas de la Dian, durante el primer semestre de 2026 el 4×1.000 produjo alrededor de $8,4 billones, frente a los $7,5 billones recaudados en el mismo periodo de 2025.
Solo en junio, el recaudo habría alcanzado aproximadamente $1,3 billones.
El impuesto cobra $4 por cada $1.000 en determinadas operaciones financieras. Aunque existen exenciones y condiciones especiales para algunas cuentas y productos, el gravamen continúa representando un costo para millones de operaciones realizadas dentro del sistema financiero.
Por eso, el Gobierno tendría que definir cómo compensar progresivamente los recursos que dejaría de recibir el Estado.
¿Por qué quieren desmontarlo?
La eliminación gradual del impuesto forma parte de una estrategia económica que busca reducir la carga sobre determinadas operaciones financieras y, al mismo tiempo, disminuir el gasto público.
Desde sectores de la industria fintech se ha cuestionado durante años el impacto del 4×1.000 sobre las transacciones digitales y el uso del sistema financiero formal.
Colombia Fintech, por ejemplo, ha planteado que el desmonte gradual del impuesto podría contribuir a una mayor utilización de mecanismos de pagos digitales y a reducir los costos asociados a las transacciones.
El Gobierno, por su parte, ha planteado que la reducción del tributo debe estar acompañada de medidas de austeridad para evitar que la disminución del recaudo genere mayores presiones sobre las cuentas públicas.
También estaría en la mira el impuesto al patrimonio
La denominada Ley de Rescate tendría un alcance mayor.
Dentro de las medidas que se han conocido aparece también la eliminación del impuesto al patrimonio, junto con ajustes orientados a reducir el gasto del Estado.
La propuesta se enmarca en la política económica que el Gobierno ha anunciado y que busca priorizar el recorte del gasto antes que recurrir a nuevos incrementos de impuestos.
Sin embargo, los detalles definitivos todavía no están sobre la mesa. Será con la presentación formal del proyecto cuando se conozcan las tarifas, los plazos, las etapas del desmonte y los mecanismos que utilizaría el Ejecutivo para reemplazar los ingresos que dejarían de entrar a las arcas públicas.
Casi tres décadas de un impuesto que nació como temporal
El 4×1.000 tiene una historia particular en Colombia.
El gravamen surgió en 1998 como una medida inicialmente temporal, con una tarifa de 2×1.000, en medio de una situación de emergencia económica.
Posteriormente, la tarifa aumentó y el impuesto terminó convirtiéndose en una fuente permanente de ingresos para el Estado.
Desde entonces, diferentes gobiernos han planteado en distintos momentos la posibilidad de desmontarlo, pero el recaudo que genera ha dificultado una eliminación completa.
Ahora, la administración de De la Espriella vuelve a poner sobre la mesa esa posibilidad, aunque bajo un esquema gradual.
Las preguntas que abre la propuesta
El anuncio plantea una serie de interrogantes que seguramente estarán en el centro del debate cuando el proyecto llegue al Congreso:
¿Cómo reemplazará el Gobierno los $8,4 billones que el 4×1.000 recaudó durante el primer semestre de 2026?
Si también se pretende eliminar el impuesto al patrimonio, ¿de dónde saldrán esos recursos?
¿Qué porcentaje del 4×1.000 se reduciría inicialmente y en cuánto tiempo desaparecería completamente?
¿El desmonte beneficiaría principalmente a los usuarios del sistema financiero o también tendría efectos sobre empresas y grandes transacciones?
¿La reducción del impuesto podría impulsar el uso de pagos digitales y disminuir los costos financieros?
Y quizá la pregunta central: ¿es posible reducir impuestos mientras el Estado mantiene el nivel de gasto necesario para cumplir sus obligaciones?
Por ahora, el 4×1.000 no ha desaparecido. El impuesto continúa vigente y cualquier modificación dependerá del proyecto que presente el Gobierno y, posteriormente, de la discusión y aprobación del Congreso.
La respuesta definitiva sobre cuánto, cuándo y cómo se desmontaría el gravamen se conocerá cuando la Ley de Rescate sea radicada oficialmente.
