La presión de una comunidad cansada del abandono logró lo que 18 meses de trámites no pudieron: poner en marcha una solución contra la destrucción de sus playas.
Durante más de un año y medio, el mar avanzaba sin pausa mientras las respuestas del Gobierno Nacional se estancaban en trámites y tecnicismos. En Santa Verónica, corregimiento del Atlántico, la erosión costera se convirtió en sinónimo de angustia, pérdidas económicas y desesperanza. Pero el martes 23 de julio, todo cambió.
Cansados del silencio institucional, los habitantes bloquearon la Vía al Mar y con ello bloquearon también la indiferencia. Esa acción colectiva, que generó incomodidades a muchos, fue el catalizador que rompió el muro de la espera: la ANLA, en una decisión extraordinaria, autorizó el inicio inmediato de las obras de mitigación, pese a que aún no se ha expedido la licencia ambiental formal.
“Nos autorizaron empezar ya, porque era urgente”, relató Esperanza Acosta, vocera de los operadores turísticos, quien señaló que el proyecto para la construcción de espolones estaba listo desde hace tiempo. La erosión, en cambio, no esperó por ninguna firma.
Con esta autorización, se prevé el arranque de la construcción de tres espolones en menos de una semana. Aunque aún quedan preguntas abiertas —como quién ejecutará exactamente las obras o cómo se afectará el tránsito de maquinaria en la zona— la comunidad celebra lo que considera una victoria legítima.
“No fue un favor, fue una obligación que tenían con nosotros”, comenta un habitante. Y tiene razón: la erosión no es solo un fenómeno ambiental, es una amenaza social, económica y cultural para cientos de familias que dependen del turismo y la pesca.
Santa Verónica no solo logró frenar la marea del mar, también puso freno a la marea de indiferencia estatal. Porque cuando una comunidad se une y resiste, el Estado, tarde o temprano, tiene que escuchar.
