La Ley de Rescate Fiscal, presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, propone eliminar beneficios tributarios que actualmente permiten a jueces, magistrados, fiscales, procuradores y docentes de universidades públicas excluir una parte de sus salarios del impuesto sobre la renta.
La modificación está contemplada en el artículo 106 del proyecto, que plantea derogar los numerales 7 y 9 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Estas disposiciones establecen exenciones sobre los gastos de representación de determinados funcionarios y trabajadores del sector público.
Actualmente, los magistrados de las altas cortes y de tribunales, los fiscales y los procuradores judiciales pueden excluir del impuesto de renta una suma equivalente al 50 % de su salario. Para los jueces de la República, el beneficio corresponde al 25 %. La exención también cobija a rectores y profesores de universidades públicas.
Si el Congreso aprueba la propuesta en los términos presentados, estos beneficios desaparecerían y los ingresos de sus beneficiarios quedarían sujetos a una mayor carga tributaria.
¿Cuánto aumentarían los pagos de renta?
El abogado Felipe Alzate, de la Universidad del Rosario, expuso dos ejemplos para calcular el impacto de la eliminación de las exenciones.
En el caso de un juez con un salario mensual de 20 millones de pesos, el impuesto anual pasaría de aproximadamente 14,9 millones a 31,4 millones de pesos. La diferencia sería de 16,5 millones de pesos adicionales al año.
Para un magistrado que recibe 30 millones de pesos mensuales, el impuesto de renta subiría de 12,9 millones a 66 millones de pesos anuales. Esto representa un incremento superior a los 53 millones de pesos.
Alzate cuestionó la eliminación del beneficio y señaló que deben considerarse las condiciones laborales de los funcionarios judiciales, las jornadas extensas, la carga de trabajo y las responsabilidades que implica administrar justicia.
El proyecto también abre un debate sobre el tratamiento tributario de los trabajadores del sector público y el alcance de las exenciones que han tenido algunos grupos durante años.










