El ente de control celebró la decisión del Gobierno nacional, de acoger su recomendación y no eliminar la destinación específica al impuesto al carbono en el Proyecto de Ley de la Reforma Tributaria.
Para el Ministerio público, la destinación específica del recaudo por este gravamen es fundamental para abordar los retos de la transición energética, el cumplimiento de los compromisos del país en torno a la crisis climática, y la contención del flagelo de la deforestación.
Si bien se considera acertada la creación de un fondo para financiar iniciativas ambientales, a la procuraduría le preocupa que este mecanismo para administrar los recursos, se someta a las reglas del derecho privado, a pesar que son dineros públicos.
La Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios solicitó a la cartera ambiental explicar las razones jurídicas que fundamentan la aplicación del régimen privado y su reglamentación. También requirió, el plan de acción definido para frenar la deforestación.
La Procuraduría General de la Nación celebró la decisión del Gobierno Nacional, de reintegrar la destinación específica del impuesto al carbono, en la ponencia de la reforma tributaria para segundo debate en el Congreso.
Sobre este tema, el ente de control venía realizando advertencias y recomendaciones de manera reiterada e insistente a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ante la problemática que se presentaba respecto a la ejecución efectiva de los recursos recaudados por este gravamen, que según el artículo 223 de la Ley 1819 de 2016 deben ser invertidos en el fortalecimiento ambiental del país.
En carta enviada por la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, el Ministerio Público avaló la no eliminación de la destinación específica de los recaudos por el llamado Impuesto al Carbono, del Proyecto de Ley de la Reforma Tributaria, recursos financieros fundamentales para abordar los retos de la transición energética, el cumplimiento de los compromisos del país en torno a la crisis climática, y la contención del flagelo de la deforestación.
En la comunicación remitida a la cartera ambiental, el Ministerio Público también hizo referencia a que, si bien se considera acertada la creación de un fondo para financiar iniciativas ambientales y para la administración de estos recursos, Fondo para la Sustentabilidad y la Resiliencia Climática – FONSUREC, a la Procuraduría le inquieta que este mecanismo se someta a las reglas del derecho privado, a pesar de que administrará dineros públicos, para lo cual solicitó a la cartera ambiental explicar las razones jurídicas que fundamentan la aplicación del régimen privado, así como el sentido de la reglamentación que según dicha ponencia, desarrollará ese Ministerio.
A juicio de este ente de control, la aplicación de los principios y reglas de la contratación pública en la ejecución de estos recursos, aseguran la transparencia y selección objetiva en la implementación de los proyectos y programas cuyo financiamiento se busca adelantar con las rentas tributarias recaudadas por concepto del impuesto al carbono y otros conceptos.
Asimismo, la Procuraduría en ejercicio de las funciones preventivas y de seguimiento que le corresponden, solicitó en el documento enviado a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, el plan de acción definido por el Gobierno Nacional frente a los compromisos adquiridos en materia ambiental para frenar la deforestación y mitigar la alarmante situación de los bosques de la Amazonía, ya que entre 2014 y 2021, cerca de 1.400.000 hectáreas han sido deforestadas (Ideam).
Por lo anterior, fueron solicitados los contenidos de los llamados “Acuerdos Sociales para Frenar la Deforestación”, definidos como un hito histórico para recuperar la selva amazónica y firmados en los últimos días con organizaciones sociales.
El ente de control expresó su preocupación por la grave situación ambiental y por las cifras registradas por el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que evidenciaron que 57 municipios concentran el 80% de la deforestación total registrada en este periodo (2014 -2021), de los cuales 15 concentran el 59% de la deforestación del país.
El desastre ecológico afecta principalmente a los municipios de La Macarena y Mapiripán (Meta), Cartagena del Chairá (Caquetá) y Riosucio (Chocó); encontrando como principales causas directas la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, infraestructura de transporte no planificada, la extracción ilícita de minerales, tala ilegal y la expansión no controlada de la frontera agrícola.
Este panorama nacional de deforestación fue presentado en el foro internacional organizadopor la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNDOC) y la Embajada de Reino Unido, en Leticia, Amazonas, en donde el Ministerio Público ratificó su compromiso por buscar soluciones a la deforestación a través del seguimiento que realiza a la luz de las Directivas 06 y 07 y el Memorando 030 del presente año, y presentó las estrategias a futuro para profundizar en la articulación institucional y el diálogo social en procura de soluciones a este flagelo con respuestas efectivas concretas por parte del Estado.
