Los nombramientos de última hora realizados durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro siguen generando cuestionamientos. Ahora, la atención se centra en una designación relacionada con Jaime Dussán, quien estuvo al frente de Colpensiones hasta el pasado 7 de agosto.
Según información divulgada por la periodista D’Arcy Quinn, Paola Palmariny Peñaranda, quien fue vicepresidenta Comercial y de Servicio al Ciudadano de Colpensiones y pareja de Dussán, habría sido designada en interinidad como titular de la Notaría 78 de Bogotá.
La designación se produjo luego de la salida de la anterior notaria, Luz Mary Hoyos, por haber alcanzado la edad de retiro forzoso. De acuerdo con la información publicada, el decreto correspondiente fue expedido el 5 de agosto, apenas dos días antes del cambio de Gobierno.
El caso ha llamado especialmente la atención por la relación que Palmariny mantenía con Dussán y porque su llegada a Colpensiones se produjo durante la administración que él encabezaba.
La controversia se suma a la creciente revisión sobre los nombramientos realizados en las últimas semanas de la administración Petro, particularmente en el sector de justicia y en la asignación de notarías.
Gobierno de De La Espriella revisará nombramientos
El ministro de Justicia, Iván Cancino, ya anunció que revisará las designaciones de última hora realizadas por el gobierno saliente, especialmente aquellas relacionadas con notarías entregadas en interinidad.
La nueva administración busca determinar si estos nombramientos cumplen con los principios de legalidad, mérito, idoneidad, transparencia e interés general.
En caso de encontrar irregularidades, el Gobierno podría adoptar las medidas que correspondan dentro del marco legal, incluyendo eventuales revocatorias cuando exista fundamento jurídico para ello.
Cancino también ha planteado la necesidad de avanzar en el concurso público de méritos para que las notarías sean provistas mediante los mecanismos ordinarios y no a través de decisiones discrecionales.
La designación de Palmariny se convierte así en otro de los nombramientos que quedan bajo la lupa del nuevo Gobierno y que deberán ser revisados para establecer si se ajustaron plenamente a las normas y procedimientos vigentes.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate por las decisiones adoptadas en los últimos días del gobierno Petro y la necesidad de esclarecer si hubo o no beneficios particulares detrás de algunas de estas designaciones.
