Una versión difundida en medios y redes sociales asegura la existencia de un supuesto plan para ejercer presión política sobre el presidente electo, Abelardo De La Espriella, que incluiría la eventual captura del expresidente Álvaro Uribe Vélez como parte de una estrategia de negociación con el próximo Gobierno.
La publicación divulgada por la revista SEMANA asegura que existiría un supuesto plan para ejercer presión política sobre el presidente electo, Abelardo De La Espriella, mediante una eventual decisión judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hasta el momento, estas afirmaciones no han sido confirmadas por las autoridades competentes.
Según el medio, la información proviene de fuentes que calificó como de “alta credibilidad” y sostiene que el presunto plan involucraría al Gobierno del presidente Gustavo Petro y a la Fiscalía General de la Nación, encabezada por Luz Adriana Camargo.
De acuerdo con la publicación, el objetivo sería garantizar la continuidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y obtener eventuales garantías frente a un eventual proceso de extradición del mandatario saliente, escenario que el presidente electo ha manifestado públicamente que atendería conforme a las solicitudes que puedan formular las autoridades judiciales competentes.
La versión también señala que una eventual orden de captura contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez serviría como mecanismo para generar presión política sobre el gobierno entrante y abrir un espacio de negociación con la nueva administración.
En ese contexto, SEMANA indicó que Uribe deberá comparecer el próximo 24 de julio dentro de una investigación relacionada con las masacres de El Aro y La Granja, así como por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
La publicación sostiene, además, que una eventual medida privativa de la libertad sería contraria a los criterios expuestos anteriormente por la fiscal general sobre el uso excepcional de la detención preventiva y cuestiona la solidez del material probatorio que hace parte de esa investigación.
Asimismo, el medio asegura que el presidente electo mantendría su posición de no modificar sus decisiones frente a eventuales solicitudes judiciales y que, según las fuentes citadas, la Embajada de Estados Unidos en Colombia tendría conocimiento de la supuesta estrategia.
Hasta el momento, ni la Presidencia de la República, ni la Fiscalía General de la Nación, ni la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ni la Embajada de Estados Unidos en Colombia se han pronunciado sobre las afirmaciones contenidas en la publicación de SEMANA. Tampoco existe confirmación oficial sobre la existencia de un plan de las características descritas por el medio.
