La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses a Rafael Castillo Pacheco, quien se desempeñaba como rector encargado de la Universidad del Atlántico, al considerar que no acató una decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico que dejó sin efectos la denominada “vigilancia especial” ejercida por el Ministerio de Educación sobre la institución.
Además de la suspensión, el Ministerio Público ordenó la apertura de una investigación disciplinaria para determinar si el funcionario incurrió en faltas al permanecer en el cargo pese a la decisión judicial.
El origen de la controversia se remonta al fallo del Tribunal Administrativo que suspendió la medida de vigilancia especial implementada por el Ministerio de Educación en noviembre de 2025. Como consecuencia de esa decisión, también quedó sin sustento jurídico el encargo de Rafael Castillo como rector, lo que implicaba el regreso al cargo de Leyton Barrios, quien había sido elegido como rector de la universidad.
Sin embargo, Castillo Pacheco solicitó la aclaración del fallo y permaneció ejerciendo las funciones de rector mientras esperaba una respuesta judicial.
Frente a esa actuación, la Procuraduría señaló que la solicitud de aclaración o adición de una providencia no suspende ni aplaza el cumplimiento inmediato de una medida cautelar, por lo que el funcionario debía acatar la decisión desde el momento en que fue notificada.
En la resolución, el organismo de control indicó que no era procedente permitir que Castillo continuara ejerciendo las funciones de rector, ya que la decisión judicial había dejado sin fundamento legal su permanencia en el cargo.
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Según la Procuraduría, mantenerlo en la rectoría podría afectar principios como la legalidad y la moralidad administrativa, debido a que, presuntamente, ya no contaba con un vínculo jurídico válido para ejercer las funciones propias del cargo.
Con la suspensión provisional por tres meses y la apertura del proceso disciplinario, el Ministerio Público busca establecer si existió un incumplimiento deliberado de una orden judicial y si ello constituye una falta disciplinaria.
La decisión se produce en medio de la controversia administrativa que atraviesa la Universidad del Atlántico por la definición de su rectoría y el cumplimiento de las decisiones emitidas por las autoridades judiciales.
