El Ministerio Público confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad general por nueve años contra la exsecretaria de Infraestructura de Medellín, Natalia Urrego Arias, y el exgerente general de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina, por irregularidades en un contrato celebrado durante los primeros meses de la administración de Daniel Quintero Calle.
Según la Procuraduría, ambos funcionarios suscribieron un contrato con Metroparques sin contar con estudios adecuados que analizaran las dificultades derivadas de la pandemia por Covid-19, lo que derivó en una prórroga cuya fundamentación fue considerada injustificada.
El acuerdo, firmado inicialmente para ejecutarse entre el 3 de noviembre de 2020 y el 3 de febrero de 2021, fue extendido hasta el 10 de junio de 2021. La ampliación se sustentó en supuestas medidas adoptadas por autoridades nacionales y locales relacionadas con la emergencia sanitaria. Sin embargo, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento concluyó que dichas circunstancias ya eran conocidas antes de la firma del contrato, por lo que no podían considerarse hechos imprevistos ni irresistibles.
El contrato tenía un valor de $5.226 millones, y según el organismo de control, la modificación de sus términos vulneró los principios de economía y eficacia en la gestión pública.
La Procuraduría calificó la conducta de Urrego Arias y Liévano Ospina como falta gravísima a título de culpa gravísima, dejando en firme la sanción que les impide ejercer cargos públicos durante casi una década.
