Al parecer habrían recibido un poco más de tres mil millones de pesos que no utilizaron en el desarrollo del proyecto.
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos a los representantes legales de las empresas que integraron el consorcio GIVIS Huilas Ltda, por una presunta apropiación de recursos públicos destinados a la construcción y mejoramiento de viviendas de interés social rural en los municipios de Tarqui y Suaza, en Huila.
Los afectados por los cargos son Diana Paola Cedeño Chicaiza, Jaime Saavedra Perdomo y Adriana Marcela Peña, representantes legales de la Fundación para el Desarrollo de Colombia, Fundecol, la Cooperativa Creer en lo Nuestro y el consorcio GIVIS Huilas, respectivamente.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Huila los investiga porque al parecer habrían recibido, bajo la modalidad de gerencia integral, un poco más de tres mil millones de pesos, recursos que aparentemente no fueron utilizados en el desarrollo del proyecto, que incluía la construcción de 267 viviendas y el mejoramiento en saneamiento básico de otras 22.
El órgano de control indicó que los dineros, consignados en la cuenta corriente de una corporación financiera para que fueran administrados por el consorcio, aparentemente fueron girados a personas jurídicas y naturales diferentes al contratista y la empresa interventora.
Los investigados aparentemente “permitieron que los recursos entregados para el desarrollo del objeto no se ejecutaran en debida forma, puesto que se apropiaron de los mismos a través de maniobras fraudulentas, tales como permitir que a miembros de una misma familia se les giraran y cobraran los dineros públicos destinados a las soluciones de vivienda”, sostuvo la Procuraduría en el pliego de cargos.
Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la presunta conducta de los investigados como una falta gravísima cometida a título de dolo. Jaime Saavedra Perdomo y Adriana Marcela Peña fueron afectados por dos cargos disciplinarios.
