La entidad se refirió a la necesidad de adoptar decisiones definitivas de ordenamiento minero ambiental del territorio con una participación incidente de las autoridades ambientales regionales y las comunidades asentadas en el territorio.
La Procuraduría General de la Nación presentó formalmente sus o
bservaciones al proyecto de resolución que propone declarar una zona de reserva en el macizo de Santurbán, que abarca 75.357 hectáreas en el departamento de Santander, medida orientada a la protección de los recursos naturales en la región.Una de las principales observaciones es que el proyecto de resolución
aplica incorrectamente el principio de precaución, imponiendo restricciones excluyendo actividades económicas sin un principio de certeza científica. Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, este principio debe aplicarse excepcionalmente, solo cuando haya serios riesgos para el medio ambiente, pero no se justifica adecuadamente en todas las áreas de la zona propuesta para reserva,
afectando actividades productivas legales y consolidadas o en proceso de formalización.Así mismo, el documento señala que el proyecto
no respeta situaciones jurídicas consolidadas de comunidades asentadas en el territorio, medida que podría generar incertidumbre jurídica, lo que
podría favorecer el desarrollo de actividades de extracción ilícita de minerales y el consecuente deterioro ambiental, social y económico que ello supone.Otro punto de análisis es que el proyecto
no justifica la determinación de un área mayor a la que plantean los soportes técnicos en los que se basa el proyecto de resolución, lo que genera inquietudes sobre su justificación.La Procuraduría también resaltó la necesidad de una
mayor participación de los sectores involucrados, en especial los actores relevantes del territorio y las autoridades locales y regionales, ya que es crucial que estos actores sean consultados y escuchados antes de tomar una decisión final, dado que
la resolución podría tener un impacto ambiental, social y económico significativo en la región.Finalmente, advirtió sobre los posibles
efectos de la resolución en más de 600 pequeños mineros, así como el
riesgo de fomentar la minería ilegal en la zona, aspectos que deben ser analizados con mayor profundidad para evitar
consecuencias perjudiciales para la población local y el desarrollo social y económico de la región.Por estas razones, hizo un
llamado a un debate más amplio y a un análisis detallado de los impactos de la resolución, solicitando que se respeten las situaciones jurídicas consolidadas de los mineros y que se culmine antes la delimitación adecuada del páramo de Santurbán, en cumplimiento a la sentencia T-361 de 2017, habiendo transcurrido 8 años desde su emisión,
buscando así un equilibrio entre la conservación ambiental y los derechos de las comunidades involucradas.
