La Procuraduría General de la Nación solicitó al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda Rodríguez, informar qué acciones ha adelantado el Gobierno nacional para proteger los derechos de los habitantes de la vereda San Vicente, en jurisdicción de La Plata, Huila, quienes han sido objeto de hechos de intimidación y constreñimiento por parte de las disidencias de las Farc que hacen presencia en esa zona del país.
La petición fue realizada por la Procuraduría Delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz tras información compartida por las autoridades departamentales, que señalaron que miembros de la columna móvil Ismael Ruiz de ese grupo ilegal vienen presionando a la comunidad y hostigando a las tropas del Ejército que se encuentran en la zona.
El Ministerio Público solicitó al Alto Comisionado indicar si esos hechos han sido objeto de verificación por parte de las instancias competentes, definidas en el decreto que estableció el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de Carácter Nacional con Impacto Territorial (1684 de 2023).
Con el requerimiento, el Ministerio Público busca que se adopten las medidas necesarias para garantizar los derechos a la seguridad y protección de la población, “en el entendido que el cese al fuego se hace sobre la base de un acuerdo para el respeto de la población civil”.
