La Procuraduría General de la Nación exhortó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) a retomar el proceso de deslinde territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia, suspendido tras una controversia jurídica que persiste desde hace casi tres décadas.
La intervención de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública se da ante el limbo jurídico y administrativo generado por la disputa sobre el denominado corredor universitario, un área de más de 1.400 hectáreas que fue incorporada por la Asamblea del Atlántico a Puerto Colombia, decisión que luego fue anulada por el Consejo de Estado.
El ente de control recordó que el IGAC tiene la competencia técnica para establecer un límite transitorio mientras el Congreso de la República resuelve definitivamente la situación territorial.
En este contexto, la Procuraduría convocó una mesa de trabajo con autoridades locales y entidades competentes, con el fin de promover una solución institucional al conflicto y facilitar la intervención legislativa.
“El objetivo es construir consensos que permitan eliminar la incertidumbre que hoy afecta la gestión territorial en la zona”, señaló el organismo, instando a las partes a actuar con voluntad política y responsabilidad para cerrar este prolongado capítulo de disputa limítrofe.
