La Fiscalía apunta al Eln y disidencias de las Farc por una posible autoría en el ataque, mientras que la Procuraduría investiga si los militares a cargo de la guardia en la Brigada 30 cumplieron a cabalidad su labor.
En las últimas horas, la Procuraduría abrió una indagación disciplinaria por posibles fallas de seguridad del propio Ejército que pudieron permitir que estallara un carrobomba el pasado 15 de junio en la Brigada 30 en Cúcuta. La explosión dejó 36 personas heridas, entre ellas militares estadounidenses, y, por su parte, personal de la Fiscalía apunta a una posible autoría de la guerrilla del Eln, el mismo comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, ha reconocido que pudo haber fallas por parte de la guardia de la base militar.
“Para el Ministerio Público se hace necesario indagar la posible omisión de deberes para salvaguardar la seguridad de las instalaciones de la Brigada, y del personal que allí labora”, dijo la Procuraduría al anunciar la apertura de la indagación disciplinaria. Así, la Dirección de Investigaciones Especiales, que es la policía judicial a cargo de esta entidad, ya se encuentra recolectando evidencias en la base militar en Cúcuta con miras a determinar si, en efecto, hubo fallas por parte de los funcionarios de la Fuerza Pública.
Según el fiscal Francisco Barbosa, la cronología de los hechos ocurrió así: la camioneta Toyota Fortuner blanca entró a la base militar hacia las 12:35 del mediodía. El sujeto que la manejaba la dejó parqueada frente al dispensario médico sobre las 2:45 p.m. y salió caminando del lugar cinco minutos después. Una primera explosión ocurrió a las 3:01 p.m. y una segunda a las 3:04 p.m. Según se ve en videos de seguridad revelados por varios medios, el baúl de la camioneta fue inspeccionado por un uniformado y el hombre que iba abordo logró salir de la base militar más de dos horas después sin que alguien lo increpara.
La Fiscalía también indaga si se cumplieron los protocolos de ingreso. No obstante, el general Navarro anunció al día siguiente, el 16 de junio, que habían tomado la decisión de relevaron del servicio a los uniformados a cargo de la guardia del lugar, al oficial de operaciones, al ejecutivo y segundo comandante y hasta al comandante de la Brigada 30. Además, anunció que la Inspección del Ejército iniciaría una investigación disciplinaria interna.
Como la Procuraduría tiene poder preferente sobre las pesquisas internas, probablemente las pruebas recaudadas por la Fuerza Pública hasta ahora pasarán al Ministerio Público. Si logra individualizar a los uniformados que supuestamente omitieron sus deberes y halla mérito, la entidad podría abrir una investigación formal, llamar a juicio a los militares y, en caso de hallarlos culpables, sancionarlos con multas e inhabilidades para ejercer otros cargos públicos.
D.A.
