Con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, la Procuraduría General de la Nación, a través de las Delegadas para Asuntos Ambientales y Agrarios y para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujer, junto con el apoyo de la Delegada para la Restitución de Tierras, convocaron y adelantaron una mesa de trabajo con las más importantes lideresas de las organizaciones de Mujeres Rurales del país, con el fin de fortalecer la incidencia del Ministerio Público en la defensa de sus derechos integrales y revisar el nivel de cumplimiento de la Ley 731 de 2002, Carta de Derechos de las Mujeres Rurales en Colombia.
A ese espacio de trabajo, que se extendió durante más de 8 horas, en el municipio de Cota, asistieron representantes de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural —Dirección de Mujer Rural— y organizaciones internacionales, para escuchar y atender las necesidades de las mujeres rurales y los distintos obstáculos que enfrentan para la garantía real y efectiva de sus derechos en sus territorios. Así mismo, mediante el desarrollo de varios paneles, se recogieron importantes aportes que servirán de insumo para las propuestas de modificación y actualización que requiere la Ley 731 de 2002, luego de 20 años de vigencia, y que permitirá acelerar y materializar la equidad para la mujer rural.
Con este ejercicio participativo, dentro del marco de la Estrategia Promujeres de este Órgano de Control, se recibieron distintas observaciones y recomendaciones de las lideresas campesinas, indígenas y afros presentes, para mejorar, entre otros temas, el acceso a la propiedad de la tierra, el acceso a créditos y financiamiento de proyectos, la participación en la toma de decisiones del sector y las condiciones en materia de seguridad social.
La Procuraduría General de la Nación tomó nota de cada uno de los puntos señalados y destacó los avances en la búsqueda de igualdad y la no discriminación de la mujer, haciendo un llamado al Gobierno nacional a redoblar esfuerzos en la construcción de políticas públicas, leyes y programas que garanticen los derechos de las mujeres rurales, de manera real, material y efectiva.
