La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exalcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez (2016 – 2019) y el exsecretario de Educación, Julio César Aguilar Carreño (2018), por presuntos sobrecostos en la contratación del Programa de Alimentación Escolar -PAE-.
Al parecer los exfuncionarios habrían incrementado el presupuesto del contrato en $460 millones para cubrir gastos de publicidad, visibilidad y socialización, costos que no están contemplados ni permitidos en la regulación legal del PAE, con lo que aparentemente ocasionaron un detrimento patrimonial a la ciudad.
Para el Ministerio Público, la administración municipal al momento de estructurar y suscribir el contrato al parecer no observó los criterios de razonabilidad y objetividad para establecer su valor, situación que “desencadenó en que el ente territorial pagara el servicio con fundamento en un valor estimado con la sumatoria de un ítem que no está contemplado en la normatividad PAE y que se reflejó en posibles sobrecostos”, sostuvo el órgano de control.
Además, la administración municipal habría autorizado el pago a pesar de no contar con los soportes que justificaran los valores ejecutados por ese ítem, razón por la cual “la destinación de los recursos por este factor no se realizó con ajuste a la regulación establecida, y no estuvo debidamente justificada porque no se nota en ningún momento la planeación suficiente que justifique los dineros asignados para tal fin”, precisó el órgano de control.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta de los investigados como una falta gravísima cometida con culpa gravísima.
