La Procuraduría General de la Nación desde el año 2024 adelanta seguimiento preventivo a la asignación, destinación, transferencia y ejecución de recursos públicos apropiados con cargo al rubro “Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud – Ley 100 de 1993”.
Debido a lo anterior, actualmente, el Ministerio Público realiza seguimiento de los fondos destinados para Equipos Básicos de Salud (EBS), durante la vigencia 2025, mediante la revisión de las asignaciones efectuadas a Empresas Sociales del Estado (ESE), teniendo en cuenta la concentración de estos y la recurrencia de asignaciones.
Como resultado preliminar, el organismo de control identificó un incremento significativo de los recursos destinados a los EBS, acompañado de una ampliación de su cobertura territorial. No obstante, dicho comportamiento coexistió con una concentración relevante de las asignaciones en determinados territorios, así como con asignaciones sucesivas mediante diferentes actos administrativos expedidos a lo largo del año y desfases entre la expedición de las resoluciones y el giro efectivo de los recursos. Estas circunstancias resultan relevantes para evaluar la distribución, oportunidad y periodo efectivo de ejecución de la estrategia.
De manera paralela, la entidad adelanta dos actuaciones disciplinarias, estas investigaciones tienen por objeto establecer posibles irregularidades u omisiones en la vigilancia y control de la incorporación y ejecución de los dineros transferidos desde 2022 a 2026.
Asimismo, la autoridad disciplinaria revisará, entre otros aspectos, los criterios y soportes técnicos y presupuestales que sustentaron estas asignaciones, las diferencias identificadas entre los valores solicitados y los aprobados, la ausencia de propuestas en algunos expedientes, las propuestas radicadas con posterioridad a conceptos de viabilidad y recomendaciones del comité correspondiente, y los diferentes casos sustentados en una misma propuesta.
En materia de infraestructura y dotación hospitalaria, se examinarán los proyectos respecto de los cuales el Ministerio manifestó no haber localizado estudios, diseños u otros soportes técnicos esenciales para sustentar su viabilidad y financiación, así como las asignaciones efectuadas sin programación financiera suficiente o disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC para atender los giros previstos.
Para avanzar en el análisis de estas situaciones, la Procuraduría conformará una mesa técnica de trabajo en articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual, se abordarán igualmente los proyectos que, según lo informado por esa cartera, recibieron desembolsos sin haber cumplido los alcances y metas previstos, así como aquellos en los que se han presentado dificultades para verificar la permanencia o disponibilidad de los recursos girados o para obtener respuestas y soportes de las entidades ejecutoras o beneficiarias.
