La Procuraduría allanó el camino para que se diera la conciliación entre el Estado y un capitán del Ejército, que entabló batallas jurídicas, al ser excluido del servicio militar luego de que fuera diagnosticado con el Virus de Inmunodeficiencia Humana- VIH-.
La historia del capitán comenzó en 2001 cuando los médicos, tras descubrirle la enfermedad, sugirieron que permaneciera en el Batallón de Sanidad, en donde estuvo por espacio de un año. De allí, por recomendación de su especialista, fue reubicado en un lugar alejado de personas enfermas y de zonas de combate.
En sus condiciones, el capitán siguió su vida militar hasta febrero de 2009 cuando una nueva valoración de la junta médica arrojó la pérdida de su capacidad laboral del 100 porciento y fue retirado del servicio por invalidez, con reconocimiento de pensión.
A partir de ahí, el oficial inició su batalla jurídica contra el Ministerio de Defensa alegando vulneración de sus derechos al trabajo, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, libertad de escoger profesión u oficio, libertad de conciencia, honra y dignidad humana, que tuvo su primer traspiés en 2012 cuando el Tribunal Superior de Bogotá negó sus pretensiones. Más tarde, la impugnación del fallo le dio la razón al capitán y ordenó su reintegro.
Posteriormente, intentando ascender, el capitán fue descalificado del curso por no cumplir con aptitudes psicofísicas, por lo que interpuso una segunda acción de tutela contra la Nación.
Su caso llegó en 2013 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y culminó a su favor, después de varios intentos, con la mediación de la Procuraduría, el pasado 7 de febrero de 2023.
El proceso conciliatorio, promovido por la Procuraduría 119 Judicial II para Asuntos Administrativos y que ratificó las pretensiones económicas y los derechos del capitán, fue avalado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el pasado 19 de mayo de 2023.
