Familias desplazadas no han recibido ayuda humanitaria en condiciones de oportunidad aseguró el Ministerio Público.
El desplazamiento de cerca de dos mil familias tiene en alerta a las autoridades en el departamento de Nariño, en donde la Procuraduría Regional ha reiterado constantes llamados al Gobierno Departamental para la atención de la situación.
Desde comienzos de este año, la presencia del ELN, disidencias de las Farc y organizaciones delincuenciales han agudizado el terror en municipios como Tumaco, Barbacoas y Roberto Payán, entre otros, originando temor entre sus pobladores que se han visto obligados a dejar sus viviendas.
Denuncias recogidas por el Ministerio Público dan cuenta de extorsiones, muertes, amenazas y secuestros evidenciando una crítica situación que ha llevado al aumento del desplazamiento, según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas -UARIV- de 1.957 familias, en por lo menos 11 localidades de la Costa Pacífica.
Ante la compleja situación, el ente de control advirtió que la capacidad de atención de las autoridades municipales ha sido insuficiente, por lo que ya emprendió acciones disciplinarias, por presunta omisión, de auxiliar a los afectados a quienes no se ha garantizado la entrega de ayuda humanitaria inmediata de manera oportuna.
La Procuraduría, vigilante de los hechos, y en defensa de los derechos de los pobladores desplazados, 4.660 personas, reiteró sus llamados a las entidades pertinentes para que gestionen las ayudas que den solución a los municipios de esta zona del país.
