La entidad creó un grupo especial para vigilar la atención de la emergencia, proteger los derechos humanos y garantizar el manejo transparente de los recursos destinados a los territorios afectados.
La Procuraduría General de la Nación fortalece su actuación preventiva frente al sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto. Para ello, creó un grupo especial encargado de proteger los derechos de la población damnificada y vigilar que la respuesta institucional sea oportuna, eficaz y transparente.
Desde el inicio de la emergencia, la entidad verifica las acciones de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y mantiene presencia en las zonas afectadas. Ocho procuradurías delegadas, coordinadas por la Viceprocuraduría General, acompañarán la atención humanitaria, la rehabilitación y la reconstrucción de los territorios.
La Procuraduría vigilará el restablecimiento de los servicios públicos, el cumplimiento de las normas de construcción y el manejo de los recursos destinados a la emergencia. También hará seguimiento a la contratación y a la “Subcuenta Sismo 2026”, para garantizar que los recursos se administren con transparencia y lleguen a las comunidades afectadas.
La actuación dará prioridad a niñas, niños, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y comunidades étnicas. Además, verificará las condiciones de los albergues, la entrega de ayudas y el acceso a la salud, la alimentación, la educación y la vivienda, para que la reconstrucción proteja la dignidad y los derechos de toda la ciudadanía.
