La Procuraduría General de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales – DNIE, abrió tres Investigaciones disciplinarias contra servidores y exservidores públicos de la Unidad Nacional de Protección luego que se conocieran públicamente presuntos casos de corrupción e irregularidades denunciados por el Director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, y por los medios de comunicación.
La DNIE, por designación especial de la Señora Procuradora General de la Nación, inició de oficio la indagación previa de forma inmediata al conocerse los hechos y practicó inspección disciplinaria en la sede de la UNP donde un equipo técnico y jurídico recopiló la documentación necesaria que permitió individualizar a los presuntos autores y esclarecer los hechos.
Se abrieron tres Investigaciones disciplinarias. La primera en el caso de falsos blindajes de vehículos donde se estableció que la denuncia realizada por el Director de la UNP concierne a cinco (5) vehículos arrendados por la empresa Neostar Seguridad de Colombia Ltda. a la UNP con un nivel de blindaje IIIA mediante los contratos 753 y 756 de noviembre de 2018 y que fueron asignados a esquemas de seguridad de líderes sociales y funcionarios públicos, pero luego de un año de ejecución se encontró que no cumplían con los requisitos técnicos exigidos en los contratos como el número de capas, el material de protección balística, blindaje solo en los vidrios o huecos balísticos desprovistos de blindaje.
Dados estos hechos, por presunto incumplimiento de sus obligaciones en la supervisión técnica y verificación de los tipos de blindajes, se abrió investigación contra el entonces Subdirector de Protección, Ronald Rodriguez Rozo y el Coordinador del Grupo de Vehículos de Protección para la época, Luis Ignacio Acosta González. En el mismo caso, también se inició investigación contra Elver Oswaldo Franco Cerquera, Jefe Jurídico Encargado -hoy Coordinador del Control Interno Disciplinario- y Mariantonia Orozco Durán, Jefa Jurídica Titular para la época, quienes presuntamente por más de 2 años y 5 meses no impulsaron los procesos de incumplimiento contractual por dichos blindajes falsos, procesos que si bien se iniciaron en enero de 2020, solo fueron decididos hasta noviembre de 2022, donde casi opera la caducidad.
La segunda investigación se refiere a los hechos del 10 de diciembre de 2022 en Totoró, Cauca, donde fue incautada una camioneta con 168 kilos de cacaína, vehículo asignado al esquema de seguridad del Exsubdirector de Protección de la UNP, Ronald Rodriguez Rozo.
De los sujetos involucrados se estableció que el único servidor público es el escolta Christiam Ernesto Páez Pinzón, Oficial de Protección de la UNP, quien presuntamente incumplió sus deberes de reportar oportunamente las novedades del esquema, no aceptar descansos dados por el protegido y al parecer su informe es contradictorio con la ubicación reportada por el
GPS de la camioneta. Si bien el conductor detenido Manuel Antonio Castañeda Bernal, el señor Ronald Rodríguez Rozo y el otro escolta no ejercían funciones públicas al momento de los hechos, la DNIE sigue investigando las relaciones de la UNP con el narcotráfico.
Finalmente, se abrió investigación contra Wilson Javier Devia Pérez, actual Oficial de Protección de la UNP y Presidente de uno de los 19 sindicatos de dicha entidad, quien presuntamente alquila esquemas de seguridad a personas distintas a sus beneficiares y cobra dinero por “meter” vehículos a la UNP “a trabajar”, al parecer, empleando su influencia sobre los escoltas del sindicato y ubicarlos en la mejor zona. Lo anterior a raíz de la conversación publicada por un medio de comunicación con Manuel Antonio Castañeda Bernal detenido en los hechos del Cauca, quien además habría denunciado días antes tales conductas ante el Director de la UNP.
La UNP es una entidad creada en 2011 con aproximadamente 2.000 trabajadores donde casi el 95% corresponden a contratistas, atendiendo a más de 8.000 protegidos, sin un sistema de información, con el 75% de sus servicios de vehículos y escoltas tercerizados y un solo perito balístico forense para verificar el blindaje de todos los vehículos.
Ahora, la Procuraduría practicará las pruebas decretadas para verificar las presuntas conductas y vincular a otros servidores implicados, actuando con celeridad y contundencia contra la corrupción.
