La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, sostuvo hoy un encuentro clave con Uzra Zeya, Subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que coincidieron en asuntos críticos para la seguridad y los derechos humanos en Colombia, incluyendo la protección de los líderes sociales y la lucha contra la minería ilegal.
Durante el encuentro, se destacó la alarmante situación de los asesinatos de líderes sociales en Colombia, subrayando la necesidad urgente de garantizar justicia y protección para estos defensores de los derechos humanos. La Procuradora General expresó su firme compromiso en intervenir en las investigaciones y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
Además, se coincidió en el impacto devastador de la minería ilegal, que se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento para grupos armados ilegales. Esta actividad ilícita no solo representa una grave amenaza para el medio ambiente, sino que también está vinculada a la explotación laboral, el desplazamiento forzado y la financiación de actividades criminales. La Procuradora enfatizó la necesidad de fortalecer las acciones conjuntas entre Colombia y Estados Unidos para combatir de manera efectiva estas redes de criminalidad transnacional.
Ambas funcionarias coincidieron en la importancia de reforzar la cooperación internacional para enfrentar estos desafíos, promoviendo un enfoque integral que involucre tanto la justicia como la seguridad.
Estadísticas relevantes
En Colombia, el 85% del oro exportado proviene de la minería ilegal, lo que convierte a esta actividad en una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales. Además, más del 70% del oro extraído en el país procede de operaciones controladas por estos grupos, con zonas como Chocó, Antioquia, Cauca y Amazonas como las más afectadas.
Por otro lado,desde el 1 de enero de 2016 al 31 de agosto de 2024, 1420 líderes sociales han sido asesinados en el país, una tragedia que sigue cobrando víctimas entre quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente en las regiones más vulnerables de Colombia.
