Durante su acto de posesión, el nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas, anunció un plan de ajuste presupuestal que incluye la transición al trabajo virtual, la entrega de su sede física, el recorte del 85 % de los contratos de prestación de servicios y la eliminación de esquemas de protección para sus magistrados y funcionarios.
La decisión se toma en medio de fuertes cuestionamientos públicos sobre el manejo de recursos de la entidad, impulsados por denuncias de la senadora María Clara Posada.
Detalles del plan de ajuste financiero
Reducción de esquemas de seguridad: La medida implica eliminar o recortar los esquemas de protección para magistrados, fiscales, secretarios ejecutivos, víctimas, testigos y comparecientes, lo que representará un ahorro estimado de 37.000 millones de pesos anuales. La JEP solicitará al Gobierno nacional asumir la seguridad de los implicados.
Recorte de contratación: Se suprimirá el 85 % de los contratos de prestación de servicios, generando un ajuste fiscal cercano a los 83.000 millones de pesos.
Cesión de sede física: La jurisdicción entregará su edificio principal en Bogotá para migrar formalmente a una modalidad de trabajo virtual.
Debate por los gastos y respuesta institucional
Las denuncias de la senadora Posada señalan presuntos gastos superiores a 56.000 millones de pesos en viajes internacionales entre 2020 y 2026, más de 160.000 millones en arrendamiento de sede y un reporte de solo cuatro sentencias en firme.
En respuesta, el secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez Morales, desmintió las cifras señalando un manejo erróneo de la información. Explicó que los datos citados corresponden a un consolidado global de traslados nacionales e internacionales de personal y contratistas, donde el 29,7 % de los tiquetes se empleó en audiencias y el 16,4 % en la protección y acompañamiento a víctimas y testigos.
