En una reunión estratégica celebrada con autoridades tradicionales y líderes de diversas comunidades originarias, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el inicio de una nueva etapa institucional en los vínculos entre el Estado y los pueblos indígenas. El encuentro sirvió como plataforma para ratificar el compromiso del Ejecutivo nacional con el respeto a la consulta previa, al tiempo que se anunciaron controles estrictos contra la corrupción en la gestión de recursos públicos y una presencia decidida de la Fuerza Pública para proteger los territorios de las amenazas de las estructuras terroristas.
Revisión de convenios, protección al pueblo Misak e integración en proyectos nacionales
Auditoría y control fiscal a recursos del Ministerio del Interior: El jefe de Estado ordenó una revisión minuciosa a 67 convenios suscritos por la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, los cuales comprometen una partida de $960.000 millones, de los cuales ya se han desembolsado $672.000 millones. La medida busca constatar la ejecución técnica de los fondos, verificar soportes contables e interponer las denuncias penales correspondientes en caso de hallar irregularidades.
Depuración de la consulta previa: Si bien el Gobierno reafirmó su apego al mecanismo constitucional de la consulta previa, el mandatario advirtió que no se permitirá que este derecho sea utilizado como una herramienta de extorsión o negocio por parte de intermediarios, funcionarios o contratistas privados, garantizando que el diálogo beneficie de forma directa a las comunidades.
Intervención en el conflicto en el Cauca y despliegue militar: Ante la grave situación de orden público y los enfrentamientos territoriales entre las comunidades Misak y Nasa en Silvia, Cauca, la Presidencia dispuso la revisión jurídica de los actos administrativos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que exacerbaron las disputas. Paralelamente, se ordenó el despliegue inmediato de las Fuerzas Militares para salvaguardar la vida de la población civil, contener el reclutamiento forzado de menores y desarticular la influencia de los grupos armados ilegales en la zona.
Vinculación a macroproyectos de desarrollo: El Ejecutivo enfatizó que las comunidades indígenas no seguirán siendo marginadas de las decisiones nacionales y serán integradas activamente como socias en los grandes proyectos estratégicos de infraestructura y energía que se ejecutarán en el país durante los próximos años.
El pronunciamiento oficial concluyó con un llamado a la unidad nacional, reafirmando que las estructuras criminales no representan la vocación de los pueblos indígenas y que el Estado ejercerá la soberanía institucional en cada rincón del territorio nacional.
