La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra varios servidores y exservidores de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, por presuntas irregularidades en la planeación y suscripción del contrato SCJ-1904-2023, destinado a la instalación de cámaras de videovigilancia en la capital.
Los investigados en la presente decisión son: Óscar Antonio Gómez Heredia, César Andrés Restrepo Flórez, Diana Carolina Zarate Pérez, Helga Milena Hernández Reyes, Ada Luz Sandoval Herazo, Iván Hersayn Pinilla Herrera, Sandra Milena Santafé Patiño y Jairo Alonso Bohórquez Blanco.
Según el análisis preliminar del Ministerio Público, existirían posibles deficiencias en la planeación del bilateral, por más de $14.300 millones, que tenía como propósito implementar un sistema de reconocimiento de placas (LPR) para fortalecer la seguridad de la ciudad, particularmente en la definición de los sitios de instalación, la disponibilidad de acometidas eléctricas, la gestión de permisos para intervenir el espacio público y la estimación del tiempo de ejecución del contrato.
Al parecer, estas situaciones habrían generado retrasos, suspensiones y prórrogas contractuales, lo que podría afectar la eficiencia del proyecto y el cumplimiento del objetivo de fortalecer el sistema de videovigilancia de Bogotá.
Dentro de la investigación, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ordenó la práctica de pruebas técnicas y documentales, con el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, para determinar si las dificultades detectadas eran previsibles desde la etapa de planeación del contrato.
Asimismo, el ente de control dispuso compulsar copias para investigar en un proceso separado las presuntas irregularidades en la ejecución del contrato.
