Una controvertida decisión judicial en Bucaramanga ha reavivado el debate sobre el alcance del derecho a la salud y el uso de la acción de tutela en Colombia. Un juez ordenó a una Entidad Promotora de Salud (EPS) asumir los costos de dos muñecas sexuales inflables como parte del tratamiento emocional de un paciente que alegó sufrir problemas de autoestima.
La información fue revelada por Sergio Prada, director de la Clínica San Luis, durante una entrevista en RCN Radio. Prada manifestó su preocupación por el fallo, el cual —según explicó— conoció a través del presidente de una EPS.
“Eso es un abuso. Al parecer, por un problema de autoestima se presentó la tutela y el juez ordenó a la EPS comprar las muñecas inflables. Son decisiones que golpean aún más al sistema de salud”, afirmó.
El directivo también cuestionó la proporcionalidad de este tipo de medidas, advirtiendo que desbordan el propósito original de la acción de tutela y comprometen la sostenibilidad financiera del sistema. Recordó que la red hospitalaria arrastra deudas millonarias producto de la liquidación de varias EPS.
“Hace tres años perdimos $15 mil millones por atender pacientes de EPS como Comparta, Medimás y Coomeva. Salvamos muchos niños con cáncer, prestamos servicios esenciales, y al final el Estado no respondió por las deudas”, señaló.
Aunque no se conocen mayores detalles del fallo ni la identidad del paciente, se sabe que el juez acogió el argumento sobre afectaciones emocionales, y consideró que la entrega de los dispositivos ayudaría a garantizar el derecho a la salud mental.
El caso ha generado amplias reacciones entre expertos en salud, juristas y la opinión pública, al tiempo que reabre la discusión sobre los límites del acceso a tratamientos no convencionales y el equilibrio entre derechos individuales y sostenibilidad del sistema de salud.
