Un reciente informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) reveló una preocupante realidad en Colombia: jóvenes indígenas emberás en Chocó y Risaralda han recurrido al suicidio como una forma de evitar ser reclutados por grupos armados ilegales.
El informe, basado en datos de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Salud, señala la urgente necesidad de reforzar la protección de la salud mental y emocional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas, quienes enfrentan constantes amenazas en sus territorios.
El documento detalla que en 2024 se verificaron 216 casos de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales. De este total, 118 son niños, 86 niñas y 12 sin confirmación de género. Lo más alarmante es que el 58 % de las víctimas pertenecen a comunidades indígenas, lo que evidencia su alta vulnerabilidad ante el conflicto.
ACNUDH también documentó prácticas violentas como castigos físicos para obligar al reclutamiento y amenazas contra quienes intentan desvincularse. Además, el informe registró casos de menores asesinados en el marco del conflicto armado.
“Se documentó el caso de dos niños reclutados que fueron torturados y asesinados en Guaviare. Asimismo, se registraron amenazas a los familiares de las víctimas después de denunciar los hechos o intentar recuperar a los menores”, advierte el informe.
La ONU señala que el miedo a represalias por parte de los grupos armados y la desconfianza en las instituciones han llevado a que muchas familias no denuncien estos casos ante las autoridades.
Este informe, que analiza la situación de los derechos humanos en Colombia durante 2024, destaca cómo la violencia territorial y el conflicto armado siguen afectando a comunidades vulnerables, a pesar de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016 y la política de “paz total” impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
“La ONU ha observado que sigue siendo un desafío generar una acción más articulada y eficaz entre los diversos ministerios y fortalecer la colaboración entre el Gobierno nacional y los territoriales para garantizar una respuesta efectiva del Estado”, concluye el informe.
