El principal hallazgo corresponde a una diferencia cercana a los 2,9 billones de pesos entre los recursos comprometidos y aquellos que efectivamente habían sido convertidos en obligaciones y posteriormente pagados.
Según las cifras presentadas por la ministra, en agosto de 2026 el principal rubro de asignaciones tenía una apropiación de 4,4 billones de pesos. De ese monto, unos 4,3 billones estaban comprometidos, pero apenas 1,3 billones habían sido obligados y pagados.
El panorama se suma a los resultados de la auditoría de la Contraloría correspondiente a la vigencia 2025, que emitió una opinión contable negativa sobre el Ministerio, señaló deficiencias en el control interno fiscal y no feneció la cuenta de la entidad.
176 proyectos entraron en revisión
La lupa de la nueva administración también se extendió a 28 resoluciones que involucraban 176 proyectos y asignaciones superiores a los $490.000 millones.
De ese universo, 108 proyectos por aproximadamente $365.604 millones no tenían registro presupuestal. Cerca del 83 % de esos recursos correspondía a obras de infraestructura.
Ante este escenario, Vesga ordenó suspender temporalmente nuevos procesos de contratación, convenios, contratos de prestación de servicios y las prórrogas, adiciones o modificaciones sustanciales de contratos vigentes.
La medida comenzó a aplicarse mediante una circular expedida el 10 de agosto, tres días después de la llegada de la funcionaria al Ministerio. Las excepciones indispensables quedaron sujetas a justificación y autorización previa del despacho ministerial.
La explicación de la cartera es que primero debe determinarse qué recursos tienen respaldo, qué proyectos cumplen con los requisitos y cuáles necesitan una revisión antes de continuar comprometiendo presupuesto público.
Un audio llevó el caso a la Fiscalía
La situación financiera no fue el único motivo de preocupación.
Durante la revisión, el Ministerio conoció un audio en el que terceros, presuntamente ajenos a la administración, hablarían de un supuesto cobro de 8 % en comisiones a nombre de la ministra y de integrantes de su equipo.
Vesga negó haber autorizado, solicitado o recibido dinero a cambio de gestionar recursos públicos y decidió llevar el caso ante la Fiscalía General de la Nación.
La denuncia fue presentada el 5 de septiembre por posibles delitos contra la administración pública y el audio fue entregado para que las autoridades determinen su autenticidad y valor probatorio.
Ahora corresponderá a la Fiscalía establecer quiénes aparecen involucrados en la grabación, si las voces corresponden realmente a las personas señaladas, cuál era el propósito de la conversación y si existió algún intento de negociar recursos públicos mediante el cobro de porcentajes.
Por ahora, se trata de hechos denunciados y bajo investigación, por lo que no existe una determinación judicial que establezca responsabilidades individuales.
“Los recursos de la salud no son una caja menor”
La ministra aseguró que su administración mantendrá una política de cero tolerancia frente a cualquier intento de intermediación o cobro ilegal relacionado con el presupuesto de la salud.
La cartera anunció que continuará cruzando la información de los proyectos con las resoluciones, registros presupuestales, beneficiarios y soportes técnicos y jurídicos para establecer el estado real de cada asignación.
El objetivo es determinar qué compromisos pueden avanzar y cuáles deben ser puestos en conocimiento de los organismos de control y de la justicia.
El caso pone nuevamente en el centro del debate el manejo de los recursos destinados al sistema de salud y abre interrogantes sobre las decisiones administrativas adoptadas antes del cambio de Gobierno.
Mientras avanzan las investigaciones, el Ministerio mantiene la revisión de contratos y proyectos y sostiene que cada peso comprometido deberá contar con respaldo y trazabilidad antes de continuar su ejecución.
La advertencia de la nueva administración es directa: los recursos destinados a hospitales, medicamentos, infraestructura y atención de los pacientes no serán utilizados como moneda de cambio para intereses particulares.
