El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, lanzó fuertes cuestionamientos sobre la contratación que, según afirmó, recibió al asumir la cartera. El funcionario aseguró que la administración de la exministra Martha Carvajalino dejó una nómina superior a 18.000 contratistas, con compromisos que se extenderían hasta diciembre y que representarían cerca de 1 billón de pesos.
Dangond puso el tamaño de esta contratación en contraste con la situación que atraviesan miles de familias afectadas por el terremoto en 15 departamentos, donde numerosas viviendas resultaron destruidas o sufrieron graves daños. Según el ministro, mientras una parte importante de los recursos públicos permanece comprometida en contratos y funcionamiento burocrático, las comunidades damnificadas continúan esperando soluciones para reconstruir sus hogares y recuperar sus condiciones de vida.
El jefe de la cartera de Agricultura cuestionó así las prioridades del gasto público y planteó la necesidad de revisar los compromisos contractuales heredados para determinar qué recursos pueden orientarse hacia la atención de la emergencia. La discusión cobra especial relevancia en medio de la reconstrucción de las zonas afectadas, donde el Gobierno enfrenta el reto de responder de manera rápida a las necesidades de vivienda, alimentación y recuperación económica de las familias damnificadas.
El señalamiento de Dangond abre además un nuevo frente de debate sobre el manejo de los recursos dentro del Ministerio de Agricultura. Las cifras mencionadas por el funcionario deberán ser contrastadas con los registros oficiales de contratación y ejecución presupuestal, mientras la actual administración define qué contratos continuarán y cuáles podrían ser revisados en el marco de sus prioridades para la atención de la emergencia nacional.
