Una de las primeras controversias del nuevo Gobierno quedó planteada alrededor de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), luego de que el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, cuestionara una resolución que permitió a la entidad trabajar durante el sábado 8 de agosto, un día después de la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella.
La resolución, firmada por el entonces director de la ADR, César Augusto Pachón, declaró esa jornada como día hábil administrativo para adelantar actuaciones misionales, administrativas, presupuestales, precontractuales, contractuales y poscontractuales.
El documento también autorizó que los funcionarios involucrados en esos procedimientos trabajaran desde sus casas mediante herramientas tecnológicas.
La decisión llamó la atención del nuevo ministro de Agricultura, quien acudió personalmente a la sede de la ADR durante el sábado para conocer qué actuaciones se estaban desarrollando en las últimas horas del cambio de administración.
Según Dangond, durante la visita fueron identificados procesos contractuales cuyo valor conjunto supera los $250.000 millones.
Entre ellos, el ministro mencionó un contrato por aproximadamente $70.000 millones relacionado con una planta de sacrificio porcino, otro por $190.000 millones con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y un tercero por $30.000 millones destinado a Casanare.
“Estamos muy impresionados con lo que están haciendo estas personas que ya van de salida. Mientras nos posesionábamos en Cali, el señor Pachón estaba declarando a través de un acto administrativo el sábado 8 de agosto como día hábil”, afirmó Dangond.
El jefe de la cartera de Agricultura también cuestionó el manejo de los recursos públicos y pidió al director de la ADR abstenerse de adoptar nuevas decisiones, salvo aquellas que fueran indispensables para garantizar el funcionamiento de la entidad.
Dangond incluso señaló que analizaba la posibilidad de declarar insubsistente a Pachón.
Sin embargo, uno de los elementos centrales de la controversia está en determinar si la habilitación de un día no laboral para adelantar procesos administrativos y contractuales podía utilizarse en las circunstancias que rodearon el cambio de Gobierno.
Un documento citado en el informe advierte que un pronunciamiento del Consejo de Estado constituye un precedente relevante sobre este tipo de actuaciones. Según ese análisis, habilitar días normalmente no laborales para adelantar procedimientos contractuales debe responder a situaciones excepcionales y estar jurídicamente sustentado.
La discusión, por tanto, no se limita a establecer cuánto dinero estaba comprometido en los procesos adelantados ese sábado. También deberá determinarse si cada actuación contaba con la justificación, los estudios y los requisitos exigidos por la normativa de contratación estatal.
El episodio ocurre en medio del proceso de transición entre el Gobierno de Gustavo Petro y la nueva administración de Abelardo De la Espriella, y vuelve a poner bajo escrutinio las decisiones administrativas adoptadas durante los últimos días de una administración.
A esto se suma que, días antes, Pachón había declarado insubsistente a Jhon Kennedy Wilchez, quien se desempeñaba como vicepresidente de la ADR, argumentando el ejercicio de la facultad discrecional del nominador.
Ahora la nueva administración deberá revisar los expedientes, contratos y actuaciones adelantadas durante esa jornada para establecer si se ajustaron al marco legal y si respondían a necesidades reales de la entidad.
La pregunta que queda abierta es qué contratos alcanzaron a avanzar durante esas horas, en qué etapa se encontraban y si la decisión de habilitar el sábado 8 de agosto estuvo sustentada en razones excepcionales o si, como sostiene el nuevo Gobierno, se utilizó para acelerar decisiones contractuales en medio del cambio de administración.
