El “paro armado” que la guerrilla del ELN mantiene desde este jueves pasado tiene confinadas a 9.800 personas de cuatro municipios del departamento colombiano del Chocó (oeste), denunció este viernes la Defensoría del Pueblo que urgió atención para esa población.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado, explicó que tras el anuncio de “paro armado” por parte del frente occidental “Omar Gómez” del Ejército de Liberación Nacional (ELN) al menos 9.800 personas de los municipios de Istmina, Medio San Juan, Sipí y Nóvita, que se comunican por el río San Juan y afluentes, se encuentran en confinamiento de manera indefinida”.
La población se ve afectada porque no puede acceder a servicios de salud y tampoco al normal transporte de víveres y alimentos.
En un “paro armado” la guerrilla suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras, la movilidad de las personas e incluso ordena el cierre de comercios, así como cometer agresiones y proferir amenazas contra todo aquel que no cumpla estas normas.
Camargo recordó que el pasado lunes 12 de diciembre hubo una incursión de las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) a la comunidad afro de Negría en Istmina, en la que fue asesinada una persona.
Como consecuencia de esta violencia los habitantes de Negría se desplazaron (141 personas) al caserío de San Miguel en el municipio de Medio San Juan y a la cabecera municipal de Istmina.
Además del confinamiento de la población, se presenta restricción a la movilidad, al comercio y al transporte de pasajeros y de mercancías desde y hacia el municipio del Litoral del San Juan donde se ven afectadas 64 comunidades, incluyendo Docordó que es la cabecera municipal.
La movilidad se hace a través de la única vía que es el río San Juan que conecta a este municipio con Buenaventura, ciudad del vecino departamento del Valle del Cauca, a través del corregimiento de Bajo Calima.
