El ministro del Interior designado aseguró que se garantizará la protesta pacífica, pero lanzó una dura advertencia a la oposición y señaló que el país “ya conoce el guion” de las movilizaciones presionadas por grupos armados.
El panorama político y judicial de Colombia de cara al inicio del gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, empieza a definirse con posturas de estricto cumplimiento de la ley. En una reciente entrevista con 6AM W y Julio Sánchez Cristo, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, trazó las líneas rojas de la próxima administración frente a la protesta social, los bloqueos de vías y el futuro legal del mandatario saliente, Gustavo Petro.
Lara fue enfático al señalar que el nuevo ejecutivo no dará margen de maniobra a las alteraciones del orden público que afecten la movilidad y la economía de las principales ciudades. Al recordar episodios críticos del pasado, advirtió: “Ese recuerdo infausto que tienen los caleños de dos meses de bloqueo… eso no va a ocurrir en este gobierno”.
Cuestionamientos a la oposición y el “guion” de los bloqueos
El futuro jefe de la cartera del Interior calificó como un “verdadero disparate en términos jurídicos” la estrategia de la oposición, liderada por el presidente Gustavo Petro y el senador electo Iván Cepeda, de promover una “desobediencia civil pacífica” e interponer medidas cautelares ante el Consejo de Estado para frenar la posesión de De la Espriella.
Lara tildó las convocatorias de Cepeda como un “llamado leninista de corte propio del Partido Comunista”, argumentando que términos como ese son eufemismos para reactivar dinámicas de confrontación en las calles. Asimismo, denunció presiones criminales detrás de ciertas movilizaciones:
“Las interrupciones de TransMilenio en Bogotá, los bloqueos de ciudades como Cali y la movilización (…) de supuestos campesinos pacíficos, pero movidos, presionados y en muchos casos vestidos de civil de milicianos de las disidencias y de integrantes del Clan del Golfo. Ese guion ya lo conoce perfectamente el país. Y no lo vamos a tolerar”.
A pesar de las advertencias contra las vías de hecho, el ministro designado aclaró que el derecho constitucional a la protesta pacífica estará plenamente garantizado, siempre y cuando no vulnere los derechos y la libre locomoción de los demás ciudadanos.
Juicio político y penal para el presidente saliente
Otro de los temas de alto calibre en la agenda de empalme tiene que ver con el futuro judicial de Gustavo Petro. Al ser consultado sobre las declaraciones de Carlos Alonso Lucio —coordinador de empalme del gobierno entrante—, quien sugirió que el mandatario saliente debe ser juzgado, Lara respaldó la premisa de que las instituciones deben actuar sin distinciones de poder.
“Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los presidentes en ejercicio y menos los expresidentes de la República”, aseveró Lara, explicando que cualquier jefe de Estado debe someterse tanto al control político como a las investigaciones criminales en la justicia ordinaria si existen los méritos suficientes. Con esto, el próximo ministro del Interior dejó en claro que la nueva administración buscará que los altos mandos asuman sus responsabilidades directamente, evitando el uso de “chivos expiatorios” en los rangos inferiores.
