SEMANA anticipó cuáles serán los chicharrones más taquilleros y urgentes que deberán resolver los próximos togados apenas se posesionen en sus cargos la primera semana de septiembre.
Uno de ellos: la escisión de la Alianza Verde, promovida por el senador Jota Pe Hernández, quien consiguió que su partido le autorizara la división, pero los magistrados del CNE tendrán que decidir si es viable o no.
Hernández viene empujando esa iniciativa desde el primer semestre de 2026, pero no ha sido fácil. El proyecto de escisión no llegó a la Sala Plena y el tema quedó en veremos. Uno de los asuntos que tendrán que definir los próximos togados es si aprueban esta ruptura del partido, pese a las sanciones administrativas que tiene la Alianza Verde. Recordemos que la ley no permite las escisiones si las casas políticas no están a paz y salvo por asuntos administrativos.
Los nuevos magistrados del CNE también tendrán que decidir si le otorgan la personería jurídica al Movimiento Bolivariano, del exintegrante del M-19 Carlos Alonso Lucio. Él radicó la solicitud hace más de dos meses y argumentó, entre otras razones, que su partido desapareció debido a una persecución política y judicial.
Otro chicharrón que enfrentarán será la decisión que busca que La Fuerza, el partido político de Roy Barreras, desaparezca porque no superó el porcentaje mínimo de votos exigido por la ley, conocido como umbral, en los pasados comicios legislativos.
Se conoció dos comunicaciones en las que Barreras, quien actualmente está alejado del escenario público, le pide al CNE, a través del representante legal de la colectividad, Ricardo José Castro, el “reconocimiento y mantenimiento de la personería jurídica del partido político La Fuerza”.
En la misiva, el representante legal de La Fuerza recordó que el 20 de marzo de 2026 el CNE anunció procesos de cancelación de personerías jurídicas basados en el umbral del 3 %.
A su juicio, la aplicación del umbral del 3 % en este caso “no es idónea dado que existe una representación efectiva en el Congreso. No es necesaria, pues hay alternativas menos restrictivas y no es proporcional, ya que implica desconocer la voluntad y representación de 396.042 ciudadanos”.
Como si fuera poco, los nuevos magistrados del CNE deberán decidir sobre la reposición de gastos de varias campañas políticas a la Presidencia, entre ellas, la de Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Abelardo De La Espriella.
Asimismo, tendrán que abordar la reposición de la consulta presidencial del Pacto Histórico adelantada el 26 de octubre de 2025.
Con documentos, la revista Semana reveló en abril de 2026 que varios contadores dentro del CNE tenían serias dudas sobre el procedimiento para reconocer y pagar los gastos de reposición a Iván Cepeda y Carolina Corcho, hoy senadores del Pacto Histórico. La nueva Sala Plena tendrá que dirimir jurídicamente ese asunto.
