Un reconocimiento público del exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo terminó abriendo un nuevo capítulo de discusión alrededor de Elizabeth Ortiz, una influencer cercana al petrismo que ha tenido varios vínculos contractuales con entidades del Estado durante los últimos años.
La polémica tomó fuerza después de que Jaramillo, durante un acto público en El Espinal, mencionara a Ortiz y resaltara su participación en las gestiones que, según sus palabras, contribuyeron a conseguir recursos por $8.000 millones.
“Esta niña que está acá, Elizabeth, no descansó hasta que confirmara que yo consiguiera los recursos para que llegaran esos 8.000 millones de pesos”, afirmó el exfuncionario, al agradecer públicamente la gestión de Ortiz.
La declaración llevó nuevamente la atención hacia los contratos que la influenciadora ha celebrado con entidades públicas. De acuerdo con registros de SECOP y la plataforma BuscaSecop, citados por SEMANA, el valor acumulado de esos contratos supera los $426 millones.
Uno de los aspectos que más interrogantes genera es que Ortiz mantiene actualmente dos contratos estatales vigentes por un valor conjunto de aproximadamente $188,6 millones.
El primero fue celebrado con la Presidencia de la República por $121,7 millones y contempla actividades relacionadas con el monitoreo y análisis de medios de comunicación, además de labores de apoyo a la difusión de contenidos comunicacionales. El contrato tiene como fecha de terminación el 30 de diciembre de 2026, es decir, continuará vigente durante varios meses de la administración que sucedió al gobierno de Gustavo Petro.
El segundo vínculo contractual corresponde a la Superintendencia del Subsidio Familiar y tiene un valor cercano a los $66,9 millones. Según el objeto registrado, Ortiz participa en actividades de apoyo al proceso de inspección y vigilancia de las cajas de compensación familiar y en la elaboración de modelos estadísticos destinados a fortalecer las labores de supervisión de la entidad.
Pero los contratos vigentes no serían los únicos vínculos de Ortiz con el Estado.
La información recopilada por BuscaSecop registra además contratos anteriores por $121 millones y $55 millones relacionados con el sector de Minas y Energía, así como otro contrato por $60 millones con el Ministerio de Salud.
Los objetos de esos negocios abarcan actividades diferentes, entre ellas asuntos relacionados con combustibles en zonas de frontera, además de iniciativas vinculadas con promoción de la salud y prevención de enfermedades.
La suma de estos contratos ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión acerca de la contratación de personas cercanas políticamente al gobierno anterior y, particularmente, sobre los criterios utilizados por las entidades estatales para seleccionar a determinados contratistas.
Sin embargo, la existencia de los contratos, por sí sola, no demuestra irregularidad alguna. La discusión de fondo pasa por establecer cuáles fueron los procesos utilizados, qué requisitos profesionales se exigieron, cómo se justificaron las necesidades de cada entidad y cuáles fueron los resultados concretos de las actividades contratadas.
También surge otra pregunta: ¿por qué un contrato firmado durante el gobierno Petro mantiene su ejecución hasta finales de 2026, cuando la administración ya cambió?
La respuesta depende de las condiciones específicas pactadas en el contrato y de las razones por las cuales la nueva administración decidió mantener vigente su ejecución. Un cambio de gobierno no implica automáticamente la terminación de todos los contratos estatales previamente suscritos.
El caso de Elizabeth Ortiz queda así en medio de un debate más amplio sobre la contratación pública y sobre la continuidad de determinados vínculos profesionales entre administraciones de distinta orientación política.
Mientras sus defensores pueden argumentar que los contratos obedecieron a necesidades específicas y a sus capacidades profesionales, sus críticos cuestionan que una figura identificada públicamente con el petrismo haya acumulado contratos millonarios con diferentes entidades del Estado.
Por ahora, más allá de las posiciones políticas, los interrogantes centrales son documentales: qué procesos precedieron cada contratación, qué productos fueron entregados, qué resultados obtuvieron las entidades y bajo qué criterios se decidió mantener vigente uno de esos contratos durante la actual administración.
