El abogado y activista Daniel Briceño publicó en su cuenta de X un fuerte pronunciamiento sobre el manejo institucional en torno al magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, señalando presuntas inconsistencias en decisiones clave relacionadas con alias “Zarco Aldinever”.
En su mensaje, Briceño expone una cronología de hechos que, a su juicio, evidencian fallas graves por parte del Estado en el tratamiento del caso.
Según su publicación, el 12 de abril de 2024 la Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura contra alias “Zarco Aldinever”, cabecilla de la Segunda Marquetalia, por solicitud del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Línea de tiempo de la infamia:
12 de abril de 2024 la Fiscalía por solicitud de Petro suspende ordenes de captura contra el Zarco Aldinever asesino de Miguel Uribe.
7 de junio de 2025 el Zarco atenta contra Miguel Uribe.
17 de julio de 2025 reactivan orden de captura contra el… pic.twitter.com/g5pNO8w9Fx
— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) March 24, 2026
Posteriormente, el 7 de junio de 2025, el señalado criminal habría participado en el atentado contra Uribe Turbay. Un mes después, el 17 de julio de 2025, se reactivaron las órdenes de captura en su contra, es decir, después del ataque.
Briceño también recordó que el 11 de agosto de 2025 se confirmó la muerte del senador, y que en ese momento el entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que alias “Zarco Aldinever” había sido abatido.
Sin embargo, el 24 de marzo de 2026, la Fiscalía indicó que el señalado cabecilla no está muerto, reactivó su búsqueda y emitió órdenes de captura, lo que contradice la versión entregada previamente por el Gobierno.
El abogado calificó esta secuencia de hechos como una “infamia”, cuestionando la actuación de las autoridades y generando un nuevo debate sobre la coordinación institucional, el manejo de información y las decisiones adoptadas en medio del proceso de paz y la lucha contra estructuras criminales.
Hasta el momento, las entidades mencionadas no han respondido directamente a estas afirmaciones, mientras el caso continúa generando reacciones en el ámbito político y judicial del país.
