La reforma pensional promovida por el expresidente Gustavo Petro vuelve a quedar en el centro de la controversia jurídica. Una nueva ponencia en la Corte Constitucional plantea que la Ley 2381 de 2024 sea devuelta nuevamente a la Cámara de Representantes para corregir los problemas de trámite que todavía persisten.
La propuesta está en manos de la magistrada Paola Andrea Meneses, presidenta de la Corte, y será sometida a consideración de la Sala Plena, que tendrá la última palabra sobre el futuro de la iniciativa.
El problema estaría nuevamente en el procedimiento utilizado por la Cámara para intentar corregir el primer vicio señalado por el alto tribunal.
Durante las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio de 2025, los representantes aprobaron el texto que había sido avalado por el Senado. Sin embargo, el cuestionamiento de la Corte apunta a que la corporación no habría realizado una deliberación individual y suficiente sobre el articulado.
La discusión no es menor. En su Auto 841, la Corte había advertido que la Cámara no podía limitarse a aprobar una proposición para adoptar el texto del Senado, sino que debía garantizar una verdadera discusión parlamentaria y permitir el análisis de las proposiciones presentadas por los congresistas.
La reforma podría volver a un Congreso diferente
La ponencia conocida propone una salida que evitaría, por ahora, tumbar definitivamente la reforma: devolverla nuevamente al Legislativo para que se adelante de manera correcta el trámite pendiente.
Pero si la Sala Plena acoge esta tesis, el escenario político será muy diferente al que existía cuando la reforma fue aprobada.
La iniciativa tendría que regresar a una Cámara de Representantes con una nueva composición política, lo que podría modificar las posibilidades de que el proyecto sobreviva y avance.
Así, una discusión que comenzó como un problema de procedimiento terminaría teniendo nuevamente un fuerte componente político: el Congreso tendría que decidir qué hacer con una de las reformas más importantes del gobierno Petro, pero bajo unas reglas legislativas que la Corte considera indispensables para garantizar su validez.
La Ley 2381 permanece suspendida desde junio de 2025. Por ello, las disposiciones que buscaban modificar el sistema pensional colombiano continúan sin entrar en vigencia.
Ahora la expectativa está puesta en la Sala Plena de la Corte Constitucional: ¿le dará una nueva oportunidad al Congreso para corregir la reforma o tomará otra decisión sobre su futuro?
