El nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara un giro significativo en la estrategia de seguridad del país. La apuesta no estaría centrada únicamente en modificar el discurso frente a los grupos armados y las organizaciones criminales, sino en recuperar capacidad operativa, inteligencia y presencia permanente de la Fuerza Pública en territorios donde las estructuras ilegales han consolidado corredores, economías ilícitas y control territorial.
El desafío es mayúsculo.
Durante los últimos años, diferentes organizaciones armadas y estructuras criminales han fortalecido su presencia en regiones estratégicas para el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras economías clandestinas. El nuevo Gobierno pretende responder con una estrategia que combine despliegue militar y policial, tecnología, inteligencia y cooperación internacional.
La pregunta será si esa combinación consigue traducirse en resultados concretos sobre el terreno.
La tecnología como nuevo eje de la seguridad
Uno de los principales componentes de la estrategia será tecnológico.
La intención es fortalecer las capacidades de vigilancia aérea, drones, sistemas antidrones, sensores, radares, inteligencia de señales y herramientas de ciberinteligencia.
El objetivo no sería solamente detectar movimientos de grupos ilegales, sino construir una capacidad de seguimiento que permita anticipar desplazamientos, identificar estructuras de mando, localizar objetivos y afectar las redes financieras y logísticas de las organizaciones criminales.
En ese escenario, los drones adquieren una importancia particular.
La proliferación de estos sistemas en manos de grupos armados ha cambiado las condiciones de seguridad para las Fuerzas Militares y la Policía. Colombia ya ha registrado ataques en los que estas tecnologías han sido utilizadas para lanzar explosivos o realizar labores de vigilancia.
La respuesta, por tanto, no pasa únicamente por adquirir drones para la Fuerza Pública. También exige desarrollar sistemas capaces de detectar, identificar y neutralizar aeronaves no tripuladas utilizadas ilegalmente.
El objetivo: quitarles movilidad a las organizaciones criminales
La estrategia también contempla un reposicionamiento de las capacidades militares y policiales.
Los corredores utilizados para el narcotráfico, las zonas fronterizas y los territorios considerados estratégicos para las economías ilegales aparecen como puntos prioritarios.
La lógica es que una estructura criminal no puede ser combatida únicamente capturando a algunos de sus integrantes.
También hay que afectar sus rutas, comunicaciones, fuentes de financiación, centros de producción, redes logísticas y capacidad de reemplazar rápidamente a quienes son capturados o neutralizados.
Por eso, el concepto de presencia sostenida será determinante.
Uno de los grandes interrogantes será si el Estado puede mantener presencia permanente después de realizar operaciones militares o policiales. De poco serviría recuperar temporalmente un territorio si las organizaciones ilegales regresan semanas o meses después.
Estados Unidos entra en escena
La cooperación internacional será otro de los pilares.
Estados Unidos aparece como uno de los principales aliados del nuevo Gobierno en materia de seguridad. Washington ha manifestado su intención de movilizar aproximadamente US$1.000 millones en asistencia de seguridad, una cifra que podría tener un impacto importante en las capacidades colombianas si los recursos terminan traducidos en equipos, entrenamiento, inteligencia y cooperación operativa.
La relación con Washington será especialmente relevante en la lucha contra el narcotráfico.
Colombia continúa siendo un actor central en las estrategias regionales contra las organizaciones dedicadas a la producción y tráfico de drogas, mientras Estados Unidos mantiene un interés directo en contener estas redes y sus conexiones internacionales.
Pero también habrá que observar qué condiciones acompañan esa cooperación y cuáles serán las prioridades establecidas por ambos gobiernos.
Israel vuelve a mirar hacia Colombia
Otro actor que podría adquirir mayor protagonismo es Israel.
La cooperación bilateral en seguridad vuelve a ocupar un espacio importante y 2026 ha sido planteado como un año de énfasis estratégico para profundizar las relaciones con América Latina.
La experiencia israelí en materia de tecnología militar, inteligencia, vigilancia fronteriza, sistemas antidrones y seguridad puede convertirse en un componente relevante de la nueva arquitectura colombiana.
Pero detrás de esa cooperación existe también un componente geopolítico.
El factor Irán-Venezuela
La preocupación israelí no se limita al intercambio tecnológico o a la cooperación en seguridad.
El Tesoro de Estados Unidos ha documentado la relación entre Irán y Venezuela en materia de transferencia y ensamblaje de drones de fabricación iraní, particularmente de la familia Mohajer, utilizados para labores de inteligencia, vigilancia y otras capacidades militares.
Ese escenario introduce una dimensión adicional para Colombia.
La extensa frontera con Venezuela convierte cualquier desarrollo militar o tecnológico en ese territorio en un asunto de interés estratégico para Bogotá.
Para Israel, fortalecer relaciones de seguridad con países de Sudamérica también puede ser una forma de ampliar la cooperación regional frente a la expansión de capacidades militares iraníes.
Reino Unido también mantiene cooperación
A esta arquitectura se suma el Reino Unido, que durante años ha mantenido programas de cooperación con Colombia relacionados con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Aunque no se ha anunciado un paquete de asistencia equivalente al señalado desde Washington, la experiencia británica en inteligencia, lucha contra las redes financieras criminales y combate al narcotráfico puede complementar los esfuerzos de otros aliados.
La intención sería avanzar hacia una cooperación menos fragmentada y más integrada.
¿Qué cambiaría para las organizaciones criminales?
Si el nuevo modelo logra conectar inteligencia nacional e internacional con operaciones permanentes en el territorio, las organizaciones criminales podrían enfrentar una presión mucho mayor.
No solamente sobre sus cabecillas.
También sobre sus finanzas, rutas de movilidad, laboratorios, corredores de narcotráfico, redes de comunicaciones y capacidad logística.
La diferencia estaría en pasar de operaciones aisladas a una estrategia de presión continua.
La meta sería impedir que una estructura golpeada en un territorio simplemente se desplace hacia otro departamento y continúe funcionando.
Pero ahí aparece uno de los mayores desafíos.
La tecnología no reemplaza la presencia estatal
Comprar drones, radares o sistemas de inteligencia no garantiza por sí mismo el control territorial.
La tecnología puede localizar una estructura criminal, pero después se necesita capacidad operativa para llegar hasta ella.
Y, posteriormente, debe existir presencia institucional suficiente para evitar que el territorio vuelva a quedar en manos de las organizaciones ilegales.
Ese será probablemente uno de los principales exámenes del nuevo Gobierno.
La estrategia tendrá que combinar inteligencia, Fuerzas Militares, Policía, Fiscalía, autoridades locales y presencia social del Estado.
De lo contrario, una operación exitosa podría terminar siendo apenas un episodio aislado.
¿Ofensiva permanente o nueva estrategia de seguridad?
El Gobierno De La Espriella parece apostar por una seguridad mucho más ofensiva y tecnificada.
El verdadero desafío será demostrar que esa estrategia puede producir resultados sostenibles.
¿Se reducirá la capacidad territorial de los grupos armados? ¿Se afectarán realmente sus finanzas? ¿Podrán cerrarse los corredores utilizados por el narcotráfico? ¿La inteligencia internacional permitirá anticipar los movimientos de las estructuras criminales? ¿Y podrá el Estado mantener presencia en los territorios recuperados?
Las respuestas no llegarán con anuncios.
Tendrán que medirse en capturas, operaciones exitosas, reducción de homicidios, desarticulación de redes criminales, incautaciones, pérdida de corredores estratégicos y, sobre todo, en la recuperación efectiva de territorios para la población.
La apuesta del nuevo Gobierno es clara: más tecnología, más inteligencia, mayor cooperación internacional y una presencia más sostenida de la Fuerza Pública.
Ahora comienza el verdadero desafío: convertir esa arquitectura de seguridad en resultados visibles y permanentes frente a organizaciones criminales que durante años han demostrado una enorme capacidad de adaptación.
