La Jurisdicción Especial para la Paz pide al gobierno de Petro garantizar recursos y separación de poderes para su funcionamiento.
En medio de crecientes tensiones y tras polémicas declaraciones del comisionado de Paz, Otty Patiño, sobre una posible evaluación para el cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el presidente de esta entidad, magistrado Roberto Vidal, hizo un llamado enfático al Gobierno Nacional para que respete la autonomía del tribunal y garantice los recursos necesarios para su funcionamiento. Vidal destacó la importancia de respetar la separación de poderes como un principio fundamental del Estado constitucional de derecho y subrayó la necesidad de que la JEP pueda operar con independencia.
Durante una rueda de prensa, el magistrado Vidal expresó: “La JEP hace un enérgico llamado a respetar la separación de poderes, como principio esencial del Estado constitucional de derecho, y a garantizar la autonomía que le asiste a esta Jurisdicción”. Estas declaraciones surgieron tras la propuesta de Patiño, que generó preocupación tanto dentro como fuera del tribunal, al cuestionar la continuidad de uno de los pilares fundamentales del Acuerdo Final de Paz.
La reacción del magistrado se sumó a la postura de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), que también rechazó categóricamente la propuesta de cierre planteada por Patiño, calificándola como una amenaza al marco constitucional que sostiene a la JEP. En un comunicado, la CEJ advirtió que esta sugerencia refleja un preocupante desconocimiento de los principios que sustentan la justicia y la autonomía de los organismos judiciales. “La CEJ llama la atención de los funcionarios del alto gobierno para que se respete a la justicia y los principios de su autonomía e independencia, así como su libre ejercicio al representar una de las ramas más importantes del Poder Público”, destacó la organización.
Vidal recordó que la JEP fue concebida con el aval constitucional y el respaldo del Acuerdo Final de Paz, estableciendo una temporalidad estricta que el gobierno debe garantizar. «Al Gobierno Nacional le corresponde garantizar y respetar la estricta temporalidad de esta Jurisdicción, establecida con aval constitucional en el Acuerdo Final de Paz, para que pueda investigar, juzgar y sancionar los más graves crímenes cometidos durante el conflicto armado», subrayó el magistrado. Además, señaló que la JEP desempeña un papel crucial en la estabilización, la seguridad jurídica, la protección de los derechos de las víctimas, la reconciliación y el cumplimiento de lo pactado en el proceso de paz.
Otra de las preocupaciones expresadas por Vidal fue la falta de compromiso del Gobierno en la asignación de los fondos necesarios para el tribunal. El magistrado hizo énfasis en que el presupuesto del Fondo Colombia en Paz, destinado originalmente para la implementación de sanciones que buscan restaurar el daño causado a las víctimas y comunidades, ha sido reasignado, dejando en vilo la capacidad de la JEP para cumplir su misión. “Preocupa que el presupuesto del Fondo Colombia en Paz haya sido reasignado. Este dinero estaba destinado a la implementación de las sanciones, a través de las que los comparecientes deberán cumplir con sus sentencias para restaurar el daño causado a las víctimas y comunidades”, afirmó Vidal, evidenciando el impacto que esta situación podría tener en la efectividad del componente restaurativo del Acuerdo de Paz.
Las declaraciones del comisionado de Paz no solo tomaron por sorpresa a la JEP, sino que también fueron vistas como un ataque a una jurisdicción que ha mostrado un apoyo consistente al proyecto de ‘Paz Total’ impulsado por el gobierno de Gustavo Petro. “Nos sorprendieron, debido a que desde el inicio del Gobierno Petro, la Jurisdicción ha expresado su apoyo público al esfuerzo de la llamada ‘Paz Total’, poniendo al servicio del Ejecutivo la experiencia y conocimiento de JEP para aportar en la labor que desarrollan al crear nuevos organismos jurídicos para las negociaciones y diálogos que se han ido adelantando”, explicó Vidal, reiterando la disposición del tribunal para colaborar con las iniciativas gubernamentales orientadas a consolidar la paz en el país.
La solicitud de la JEP de respeto a su autonomía y la advertencia sobre los riesgos que acarrearía su cierre no solo resalta la importancia del tribunal en la consolidación de la paz, sino también la necesidad de que las políticas gubernamentales mantengan un compromiso real con la justicia y los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
