La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este martes crímenes de guerra y de lesa humanidad a 34 comparecientes —ocho exintegrantes de las extintas FARC, 21 miembros de la fuerza pública y cinco civiles— por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, cometidas entre 1997 y 2007 en Antioquia y Chocó.
Es la primera vez que el tribunal vincula simultáneamente a exguerrilleros, militares y civiles en un mismo patrón criminal, al establecer que distintos actores armados y económicos desplegaron estructuras de violencia y control territorial en estas regiones.
Entre los oficiales imputados figuran el general (r) Alejandro Navas Ramos, excomandante del Ejército y de las Fuerzas Militares; los mayores generales Edgar Ceballos Mendoza y Emiro José Barrios Jiménez; y el brigadier general Rito Alejo del Río.
Por el lado de las FARC, la imputación recae sobre ocho excombatientes que ya habían sido llamados por otros crímenes en la misma jurisdicción.
Los cinco civiles sindicados estarían vinculados al Fondo Ganadero de Córdoba, entre ellos su expresidente Benito Molina, el exgerente Benito Osorio y el abogado Carmelo Esquivia.
La JEP acreditó 54.672 víctimas de masacres, desplazamientos, violencia sexual, torturas y asesinatos, con afectaciones graves a comunidades indígenas de Urabá, el Bajo Atrato y el Darién. Uno de los hechos más representativos es la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002, que dejó 98 muertos.
Los comparecientes deberán responder en un plazo de 60 días hábiles si aceptan o no los hechos. Quienes reconozcan responsabilidad podrán recibir sanciones restaurativas de cinco a ocho años, sin cárcel; quienes no lo hagan enfrentarán juicios con posibles condenas de hasta 20 años de prisión.
