El Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla tumbó, en primera instancia, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de Puerto Colombia aprobado en 2017, tras acoger una demanda presentada por la Nación y la Procuraduría. El fallo señala que el Acuerdo 037 de ese año introdujo cambios irregulares en densidades, edificabilidad y uso del suelo en todo el municipio.
La decisión fue celebrada por la comunidad de Villa Campestre, que llevaba años denunciando presuntas anomalías. “Este PBOT violó la Constitución y las leyes. Es la confirmación de lo que advertimos desde el principio”, expresó Alberto Mario Forero, líder del sector.
No es la primera vez que la justicia frena intentos de modificar las normas urbanísticas del municipio. En 2022, el Consejo de Estado anuló el Acuerdo 011 de 2011, que buscaba cambios similares en el corredor universitario. Según Forero, desde 2011 se han intentado ajustes sin cumplir con la legalidad ni con la competencia para hacerlo.
Con la anulación del plan de 2017, volverá a regir el PBOT del año 2000, mientras la administración decide si apela o formula uno nuevo. El dirigente pidió no recurrir el fallo, al considerar que está “bien fundamentado” y que insistir sería “seguir haciendo cosas indebidas”.
Entre las modificaciones cuestionadas, destaca el caso de Ciudad Mallorquín, donde el límite pasó de cuatro viviendas por hectárea a más de 200, lo que detonó un crecimiento urbano acelerado y problemas de movilidad, servicios públicos y medio ambiente.
El caso también tiene un capítulo penal: una denuncia por prevaricato contra los concejales y el alcalde que aprobaron el PBOT de 2017, que ahora podría fortalecerse con este fallo.
Si la decisión queda en firme, Puerto Colombia deberá replantear su ordenamiento territorial y resolver, de paso, las disputas de límites con Barranquilla, factor clave para definir quién tiene la competencia para aprobar futuros planes.
