Un gran jurado federal en Estados Unidos documentó operaciones coordinadas entre mandos militares venezolanos y estructuras armadas colombianas en la frontera común.
Una nueva acusación formal presentada ante un gran jurado federal en Estados Unidos consolidó los cargos contra el régimen de Nicolás Maduro, al detallar presuntos vínculos sistemáticos entre altos mandos del aparato de inteligencia estatal venezolano y las organizaciones guerrilleras del ELN y las FARC. El expediente fiscal señala que funcionarios militares y de inteligencia facilitaron el tráfico de cocaína, el contrabando de armamento y el uso de rutas fronterizas en favor de estas estructuras armadas a cambio de cargamentos de estupefacientes.
La acusación se suma a los antecedentes judiciales iniciados en marzo de 2020 por narcoterrorismo, así como a la declaración de culpabilidad del exjefe de inteligencia militar venezolano, Hugo Armando Carvajal, por conspiración para el tráfico de armas y drogas en alianza con grupos irregulares.
Puntos clave del expediente de la Fiscalía estadounidense
Operaciones de armas por cocaína: El documento identifica a un funcionario clave (CC-1) como enlace directo para el intercambio de armamento de uso privativo destinado al ELN y las FARC a cambio de cargamentos de droga.
Inclusión explícita del ELN: La nueva acusación reafirma la participación del ELN en la cadena de producción, custodia y transporte de cocaína a través de la frontera entre Colombia y Venezuela.
Uso del aparato estatal: Los fiscales federales sostienen que funcionarios del Gobierno venezolano utilizaron posiciones de mando institucional para brindar protección operativa y logística a las redes criminales.
Continuidad del proceso judicial: La maniobra legal refuerza el indictment por narcoterrorismo y conspiración criminal tramitado en cortes estadounidenses contra Nicolás Maduro y su entorno cercano.
La decisión judicial reafirma el foco de las autoridades internacionales en la dinámica criminal transfronteriza y la complicidad de altos funcionarios estatales con los grupos armados ilegales
