Un nuevo giro judicial sacude la controversia por el control de la Universidad Autónoma del Caribe. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Barranquilla revocó la decisión de primera instancia que había suspendido los efectos de actuaciones relacionadas con la elección de Ramsés Vargas Lamadrid como rector en 2013 y que abría la posibilidad de restablecer a Silvia Beatriz Gette Ponce en ese cargo.
La determinación dejó sin efecto la medida adoptada el 8 de abril de 2026 por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías. En su análisis, el despacho de segunda instancia consideró que la decisión inicial no había aplicado adecuadamente el principio de proporcionalidad y tampoco había valorado suficientemente la autonomía universitaria ni los estatutos expedidos con posterioridad.
El fallo no admite recursos, por lo que queda en firme la revocatoria de la medida que beneficiaba a Gette en su pretensión de recuperar la rectoría.
La controversia tiene antecedentes en las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo de la institución hace más de una década. En mayo de 2013, mediante el acta 827, se formalizó la elección de Ramsés Vargas Lamadrid como rector, una designación que posteriormente quedó bajo cuestionamiento por presuntas irregularidades en el procedimiento y en el cumplimiento de los requisitos estatutarios.
En noviembre de 2025, la Fiscalía 32 de Patrimonio Económico imputó los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado a varios exintegrantes del Consejo Directivo de la universidad y a Vargas Lamadrid, dentro de una investigación sobre esa elección.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que, durante la licencia de seis meses de Silvia Gette, correspondía al entonces vicerrector Mariano Romero Ochoa asumir la rectoría como encargado. Sin embargo, según la investigación, el Consejo Directivo habría optado por elegir a Vargas Lamadrid, quien presuntamente no reunía las condiciones exigidas por los estatutos de ese momento.
Por estos hechos fueron imputados Mariano Romero Ochoa, Paul García Visbal y Arturo González Peña, quienes no aceptaron los cargos. Vargas Lamadrid no compareció a la audiencia y fue declarado en contumacia. Silvia Gette figura como víctima dentro del proceso.
La imputación representa una acusación formal de la Fiscalía, pero no equivale a una condena ni determina por sí misma la responsabilidad penal de los señalados. El proceso judicial sobre los presuntos hechos de 2013 es distinto de la decisión que acaba de revocar la medida favorable a Gette.
Con el nuevo pronunciamiento, la discusión sobre la rectoría vuelve a quedar marcada por dos escenarios diferentes: la investigación penal sobre la elección de Vargas Lamadrid y la disputa jurídica por los efectos de las decisiones institucionales adoptadas en la Universidad Autónoma del Caribe.
