Durante una audiencia judicial, el juez 14 penal municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla, Jorge Alberto Ortiz, calificó como “un acuerdo corrupto” la presunta trama mediante la cual el exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, habría buscado contratos con la Gobernación del Atlántico para beneficio propio y de su entonces pareja, Daysuris Vásquez Castro.
El pronunciamiento se dio en el marco de la diligencia en la que el togado decidió no imponer medida de aseguramiento al exdiputado, aunque sí hizo una dura valoración de los hechos investigados por la Fiscalía.
Según lo expuesto en audiencia, los contratos habrían sido celebrados a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso), con el presunto acompañamiento de quien para la época, entre 2021 y 2022, se desempeñaba como secretario general de la Gobernación del Atlántico, Raúl Lacouture.
“Nicolás aparece como interviniente asociado a un acuerdo corrupto”, afirmó el juez Ortiz, al señalar que Lacouture presuntamente habría utilizado su posición como servidor público para favorecer intereses particulares y no el interés general, como lo exige la ley.
De acuerdo con el despacho judicial, el objetivo del presunto entramado era la apropiación de recursos públicos, interés que, según el juez, quedó evidenciado en conversaciones de chat fechadas el 6 y 9 de agosto de 2021, así como en los reportes que Daysuris Vásquez le hacía a Nicolás Petro sobre el avance de las gestiones.
“El interés de los involucrados es claro: beneficiarse de los pagos de dichos contratos, distribuidos en la forma como quedó plasmada en los chats”, sostuvo el togado.
El juez también justificó la configuración del delito de interés indebido en la celebración de contratos, señalando que Nicolás Petro habría participado como interviniente, directa o indirectamente, a través de su expareja, mientras que el presunto autor con la calidad exigida en el tipo penal sería Raúl Lacouture.
En este proceso, Nicolás Petro Burgos es investigado por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias de particular, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
De manera paralela, el exdiputado enfrenta otro proceso judicial en un despacho distinto, donde avanzan audiencias preparatorias de juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, relacionados con el periodo en el que su padre era candidato presidencial.
